Una comerciante de 39 años, identificada como Olga Padilla Leite, lucha por su vida tras haber sido víctima de dos intentos de femicidio en menos de un mes en la provincia de Misiones. El principal sospechoso es su expareja, Jorge De Lara, sobre quien pesa una orden de captura por violencia de género y tentativa de homicidio.
El 22 de agosto, Padilla Leite despertó sobresaltada en su casa del barrio Primavera, cuando las llamas ya se extendían por el living. Logró escapar por una ventana y salvar su vida, aunque la vivienda quedó destruida.
En el lugar hallaron un bidón con combustible y un encendedor, lo que reforzó la hipótesis de que se trató de un incendio intencional. La víctima denunció a su exesposo por el hecho, pero, según su familia, la notificación judicial nunca llegó.
Su hermana, María Estela, denunció que la mujer sufrió violencia de género durante años. “Él siempre la golpeaba y la amenazaba. Ella calló mucho tiempo hasta que decidió denunciar”, relató.
Segundo ataque: disparos y cuchilladas en su kiosco
El 13 de septiembre, apenas tres semanas después, la mujer fue atacada en su kiosco del barrio Alecrín. Un hombre ingresó armado, la apuñaló y le disparó en la cabeza. Gravemente herida, logró salir y caminar hasta el hospital de San Antonio, donde recibió atención inicial antes de ser trasladada de urgencia al hospital Samic de Eldorado.
Los médicos aseguraron que ese esfuerzo fue determinante para que pudiera sobrevivir. Actualmente continúa internada, tras una compleja cirugía.
Testigos describieron al atacante como un hombre de cabello oscuro con un mechón rubio, que escapó en una moto de 110 cc. Para la Justicia, no actuó solo: la principal hipótesis es que De Lara habría organizado el ataque.La familia sostiene que se trata de un femicidio anunciado, ya que las denuncias previas no alcanzaron para evitar la repetición de los hechos. “Mi hermana se salvó de milagro. Pero esto no termina hasta que lo detengan”, advirtió María Estela en redes sociales.
Organizaciones feministas de Misiones remarcan que el caso refleja una grave deuda en la protección a víctimas de violencia de género, especialmente cuando las denuncias no se traducen en medidas efectivas.
