Un grupo de diputados presentó en el Congreso un proyecto para iniciar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La medida se fundamenta en el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada pero suspendida por decreto del Ejecutivo.
El decreto que desató la crisis
El conflicto se originó con el Decreto 681/2025, publicado el 22 de septiembre. Allí el Gobierno promulgó la Ley 27.793, que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, pero frenó su aplicación hasta que el Congreso defina el financiamiento. El Ejecutivo estimó un costo superior a tres billones de pesos, equivalente al 0,35% del PBI, y justificó la decisión en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal.
Para la oposición, se trata de una maniobra “ilegal e inconstitucional” que desconoce la voluntad del Congreso, que había aprobado la ley por amplia mayoría luego de rechazar un veto presidencial previo.
Qué implica este mecanismo constitucional
La moción de censura fue incorporada en la reforma constitucional de 1994 como herramienta excepcional de control parlamentario. Para prosperar, primero debe aprobarse una interpelación al jefe de Gabinete con mayoría absoluta en una de las Cámaras. Luego, si avanza, la censura requiere el mismo apoyo en ambas Cámaras. Su aprobación implica la remoción inmediata del jefe de Gabinete.
Aunque la oposición sostiene que cuenta con los votos necesarios, en la Casa Rosada interpretaron la movida como una advertencia política más que como una amenaza concreta. La Constitución no impide que el presidente vuelva a designar a la misma persona en el cargo, lo que limitaría los efectos prácticos de la medida.Argumentos contra el Gobierno
Los legisladores de Encuentro Federal, encabezados por Oscar Agost Carreño, cuestionaron la “nulidad” del decreto y acusaron a Francos de incumplir sus deberes como responsable de reasignar partidas presupuestarias.
“El Presidente ha desoído sistemáticamente las leyes sancionadas por el Congreso”, señaló Agost Carreño, recordando los antecedentes de los vetos a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica.
Desde distintos bloques también se sumaron críticas. Pablo Juliano (Democracia para Siempre) cuestionó las prioridades del Ejecutivo al “liberar retenciones al campo” mientras se frena la aplicación de la ley de discapacidad. Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) acusó a Milei de incurrir en “nulidad absoluta” y el socialista Esteban Paulón advirtió sobre posibles denuncias penales y pedidos de juicio político.
En Unión por la Patria, Julia Strada y Victoria Tolosa Paz remarcaron que la falta de presupuesto responde a decisiones políticas del Ejecutivo, mientras Germán Martínez denunció en redes sociales la contradicción de suspender la ley por falta de fondos y, al mismo tiempo, reducir derechos de exportación.
Opiniones de especialistas y dirigentes
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez calificó el decreto como “nulo de nulidad absoluta e insanable” y anticipó la posibilidad de amparos colectivos, denuncias por abuso de autoridad e incluso un pedido de juicio político contra el Presidente.
El senador radical Martín Lousteau también se sumó al debate al afirmar que el Gobierno “le da la espalda a las personas con discapacidad” y que el problema no es la falta de recursos, sino la prioridad en su asignación.
