La jueza subrogante del Juzgado de Garantía Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, Natalia Lazarte Otero, resolvió conceder el beneficio de suspensión de juicio a prueba por el plazo de dos años a Sandra Mariela Reus, imputada por los delitos de usurpación de título, falsificación de documento público y estafa.
La audiencia se llevó a cabo este lunes, con la presencia de la fiscal de Instrucción Nº 5, Débora Roy Gitto, el abogado defensor Hugo Tobares y la imputada. La solicitud fue presentada por la defensa y contó con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal, que previamente había requerido una pena de tres años y seis meses de prisión en la elevación a juicio.
Los hechos
El caso se originó en marzo de 2021, cuando un hombre buscaba apoyo escolar para su hijo de cuatro años, diagnosticado con Trastorno Hipercinético (TEA). Sandra Mariela Reus se presentó como profesora de Enseñanza Diferenciada, supuestamente egresada de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), y comenzó a trabajar con el niño en un instituto privado de la ciudad.
Posteriormente, se supo que Reus no poseía título universitario. Al ser confrontada, envió documentación falsificada que incluía una firma atribuida a una ex autoridad universitaria, quien luego denunció la falsificación. La Fiscalía concluyó que Reus confeccionó un documento apócrifo con el fin de obtener un beneficio económico engañando a terceros.
Propuesta y condiciones
La defensa propuso como reparación el pago de 400 mil pesos y la realización de 20 horas semanales de tareas comunitarias durante dos años en la Parroquia San Roque. La fiscalía confirmó que las personas damnificadas fueron notificadas y no objetó la solicitud.
El Tribunal aceptó la propuesta y estableció reglas de cumplimiento obligatorio: fijar domicilio y no cambiarlo sin autorización judicial, abstenerse del consumo de estupefacientes o abuso de alcohol, pagar la suma acordada, cumplir con las tareas comunitarias bajo supervisión del sacerdote de la parroquia, y no salir del país sin permiso judicial.
El control del cumplimiento estará a cargo del Juzgado de Ejecución Penal, con supervisión del Instituto Provincial de Reinserción Social.
Advertencia
La jueza advirtió que en caso de incumplimiento injustificado de alguna de las condiciones, el beneficio será revocado y se reanudará el proceso penal, con la posibilidad de dictarse una condena efectiva.
