Mientras la oposición en el Senado no logra avanzar con el proyecto para frenar la privatización de parte de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), el gobierno de Javier Milei se desprende de otros organismos vinculados al sector nuclear.
Esta semana se conoció que la administración libertaria abrió la puerta para la privatización de la planta de agua pesada de Neuquén. La producción de ese organismo es fundamental para enfriar reactores nucleares.
Carolina Komar Varela, delegada general de la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado y Comisión Nacional de Energía Atómica (ATE CNEA), advirtió que “lo que hoy está bajo ataque de privatización son las centrales nucleares, las empresas que las operan”. Señaló que esto pasaría a estar en manos de un privado, donde lo que se prioriza es tener ganancias.
Además, recordó que “es una inversión gigante hecha por parte del Estado, una inversión hecha con nuestros aportes, o sea, es plata del pueblo puesta para que anden esas centrales”.
Ataque coordinado al sector y el riesgo de «fuga de cerebros»
Komar Varela describió que hay “un ataque por todos lados, a todos los organismos que componen el sector nuclear”. Mencionó a:
- NA-SA: La operadora de las centrales nucleares.
- CNEA: La Comisión Nacional de Energía Atómica, que hoy está ahogada en presupuesto y con salarios por debajo de la línea de pobreza.
- Dioxitec: La planta que produce el dióxido de uranio, que produce las pastillas de combustibles para las centrales, además de fuentes para medicina nuclear.
- La planta de agua pesada.
La trabajadora de la CNEA detalló que el ataque es coordinado e incluye despidos, recortes presupuestarios y demás acciones para favorecer la privatización.
También recordó que las centrales nucleares se encargan de la generación de energía que abastece al sistema de interconectado nacional, pero también de generar radioisótopos para su aplicación en medicina, diagnóstico y tratamiento de cáncer.
Komar Varela describió que las consecuencias de la privatización parcial que pretende el Gobierno “serán devastadoras”, sobre todo en lo que se conoce como fuga de cerebros. Sentenció que “profesionales, técnicos, administrativos especializados van a renunciar para irse a trabajar de cualquier cosa, hoy sería para manejar UBER, porque ganarían más plata”.
