Casi el 70 por ciento de los casos que ingresaron durante 2024 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) lo hicieron a través de la Secretaría N°2 en materia Previsional. De esos, casi el 75 por ciento tuvo a ANSES como parte interviniente en el juicio.
“Todos los conflictos de la política provisional se dirimen en la justicia”, lamentó la abogada previsionalista María Silvia Rapisarda.
A partir de datos de la Dirección de la Oficina de Estadística de la Corte, la doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Pittsburgh, Andrea Castagnola, elaboró un informe que puso de manifiesto no solo el mecanismo utilizado por el Estado para demorar los reajustes de haberes a jubilados, sino también el agotamiento del rol del máximo tribunal del país en la política previsional.
Rapisarda explicó que “los beneficiarios están obligados a acudir a la Justicia para lograr la recomposición de sus haberes” y remarcó que los conflictos se generan por el incumplimiento de obligaciones estatales.
Doctrina judicial y la dilación del proceso hasta la Corte
La abogada precisó que la Justicia ya se expidió sobre la política previsional a través de fallos que emitió desde el 2005. “Se fijó una doctrina muy clara, que es decirle al Poder Ejecutivo y al Legislativo que las jubilaciones tienen que ser sustitutivas, o sea, sustituyen al salario en actividad y deben ser proporcionales al salario en actividad”, planteó. También determinó que “no pueden usar las jubilaciones para cubrir un déficit o no pueden recortar las jubilaciones”.
En ese sentido, planteó que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a una vida digna. “Esto no implica solo la alimentación: es la vivienda, la cobertura de salud y la recreación”, remarcó.
Castagnola analizó que “de los 6.717 casos previsionales resueltos” en 2024, “la Corte admitió solamente 380 casos (6%) y declaró inadmisible a los 6.334 casos restantes (94%)”. Esto se debió a que el tribunal no identificó “un agravio suficiente o sustantivo federal en estos asuntos”.
De todos modos, ANSES insiste con llegar a esa instancia superior en todos los litigios. “Eso para el beneficiario es una dilación en el proceso, tiempo que hay que esperar para cobrar lo que le corresponde”, señaló Rapisarda. La abogada resaltó que en San Luis toda esa tramitación judicial demora unos tres años desde la primera presentación en la Justicia Federal.
Rapisarda insistió que estas situaciones deberían resolverse en el ámbito de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, sentenció que “hoy la mayoría de las jubilaciones están mal liquidadas, diría el 90%, pero el que no hace el reclamo no obtiene una recomposición”.
