Este jueves inició en el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial el juicio oral y público contra Humberto Deolindo Pérez, acusado de los delitos de abuso de arma agravado por el vínculo y en contexto de género, en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.
Los hechos investigados ocurrieron en enero de 2025 en la localidad de Río Grande, y las víctimas son la ex pareja y la ex suegra del acusado. Pérez llega a juicio detenido en el Servicio Penitenciario Provincial y enfrenta un pedido de condena de cinco años de prisión.
El debate es llevado adelante por un Tribunal Unipersonal presidido por la jueza Adriana Lucero Alfonso. La acusación está a cargo de la Fiscal de Juicio N° 1, Virginia Palacios; la querella es representada por el abogado Jorge Rosales; y la defensa técnica del imputado, por la abogada Adriana Algarbe.
Durante su alegato de apertura, la fiscal Palacios relató que el 13 de enero de 2025, alrededor de las 00:40 horas, una de las víctimas se encontraba sacando la basura de su local gastronómico, ubicado sobre la Ruta 9, kilómetro 42, cuando fue sorprendida por el imputado, quien presuntamente la esperaba oculto en las inmediaciones.
Según la acusación, Pérez la abordó violentamente, la arrojó al suelo, la arrastró y la golpeó en distintas partes del cuerpo. Durante el forcejeo, habría sacado un arma de fuego y efectuado dos disparos, uno de los cuales impactó contra el suelo. La ex suegra del acusado también resultó lesionada al intervenir para defender a su hija.
El abogado querellante, Jorge Rosales, coincidió con la versión del Ministerio Público Fiscal, y sostuvo que los disparos “no fueron accidentales ni al aire, sino dirigidos con intención de agredir”. Además, afirmó que el acusado habría actuado de manera planificada, aprovechando que conocía la rutina de su ex pareja y esperándola en un momento de vulnerabilidad.
Por su parte, la defensora Adriana Algarbe cuestionó la teoría del caso presentada por la Fiscalía. Señaló que entre las partes existió una relación de más de 14 años, marcada por conflictos y episodios de violencia recíproca. Afirmó que su cliente residía en la localidad de Trapiche y que el día del hecho solo se presentó en el local para cobrar una deuda pendiente, momento en el que se habría producido una discusión que derivó en un forcejeo.
La defensa planteó además que los disparos no fueron realizados por Pérez, sino por la madre de la denunciante, quien portaba habitualmente un arma de fuego. Argumentó que el arma secuestrada durante el allanamiento no pertenecía al acusado y que las pericias balísticas no coincidían con las vainas halladas en el lugar. También sostuvo que las lesiones denunciadas serían consecuencia del forcejeo y que no existen pruebas directas que acrediten la autoría de su defendido.
El debate continuará en los próximos días con la declaración de testigos y la incorporación de pruebas documentales y periciales. Se prevé que concluya el lunes con los alegatos finales de las partes y la lectura del veredicto.
