El psicólogo Alberto Jaímez cuestionó la decisión del Gobierno provincial de retirar las estampillas escolares a estudiantes acusados de ejercer violencia en las aulas. Señaló que “es grave lo que se está haciendo” porque se sanciona sin un análisis profesional, se generalizan conductas y se expone a los docentes a presiones sociales de parte de las familias.
Una nueva sanción para casos de violencia escolar
El Gobierno de San Luis dispuso que, desde el ciclo lectivo 2026, los estudiantes que incurran en bullying, acoso, amenazas, extorsión o cualquier tipo de violencia —incluido el ciberacoso— perderán parte o la totalidad de las estampillas “Ahorro para mi Futuro”.
El descuento se aplicará tanto por agresiones hacia compañeros como hacia docentes, directivos o personal de las escuelas y según la normativa, una infracción implicará la quita equivalente al monto del año en curso.
Si el estudiante repite estas conductas en tres ocasiones, dentro del mismo ciclo o en años sucesivos, perderá todas las estampillas acumuladas. El Ministerio de Educación será quien determine la sanción con base en la información que brinde cada institución.
“Accionamos sobre la consecuencia y no sobre el origen”
Frente a esta medida, Jaímez expresó desacuerdo y explicó que las conductas violentas suelen surgir por aprendizaje vicario, un mecanismo donde los niños imitan lo que viven en su hogar.
“Cuando un chico hace bullying existe un origen, no solo una consecuencia. La sanción económica no corrige conductas”, afirmó.
Planteó que la educación atraviesa una crisis vinculada a problemas sociales y familiares: “Debemos corregir cómo educamos en casa. Si hay que sancionar, debemos sancionar a los adultos, no a los niños”.
La carga que recae sobre los estudiantes
Jaímez advirtió que la quita de estampillas coloca a los alumnos en una situación compleja frente a sus familias: “Es una esperanza para muchos hogares. El chico vuelve con la noticia de que perdió ese dinero y eso puede generar conflictos”.
Pidió construir una sociedad “más armónica” y no culpar a los jóvenes por fallas que, según indicó, comienzan dentro del ámbito familiar.
Falta de equipos psicopedagógicos
El psicólogo recordó que San Luis cuenta con un gabinete psicopedagógico, aunque estimó que su alcance no resulta suficiente. Propuso que cada escuela cuente con un equipo propio para tratar el bullying como un problema de salud, no como una conducta “sociopática”.
Y dijo que elaborar leyes sin acompañamiento profesional “equivoca el rumbo: No se puede sancionar sin estudiar el caso. En democracia debemos valernos de métodos que permitan comprender el origen del problema”.
Docentes expuestos a presiones sociales
Jaímez consideró que esta normativa coloca también a los docentes en una posición vulnerable: “Están expuestos a la violencia social de los padres. Es grave lo que se está haciendo”.
Y añadió que la sanción funciona como una respuesta desmedida: “No es porque cruzaste un semáforo en rojo que te quitan la licencia. Antes deben analizar tu conducta y el contexto”.
Bullying como dinámica grupal
El psicólogo remarcó que el bullying no es un acto individual: “Siempre hay un líder y un grupo que acompaña. Se enseña violencia dentro de la escuela. No se puede generalizar”.
Además, afirmó que muchos padres suelen negar las conductas de sus hijos, lo que genera tensiones entre familias y docentes: “Sin una estrategia integral, esto será una guerra entre padres y maestros”.
Un llamado a recuperar la armonía social
Jaímez detalló que la solución debe comenzar en los hogares, donde los adultos deben abandonar prácticas agresivas. Pidió recuperar la idea de San Luis como “un pago tranquilo y de buenos amigos”, algo que —según expresó— depende de vínculos familiares más sanos.
“Si en casa hay gritos y discusiones violentas, eso también es bullying”, concluyó.
