El traslado a Tucumán de Felipe Sosa, único detenido por el crimen de Érika Antonella Álvarez, puso el foco en el perfil del acusado: un exmilitar con entrenamiento de élite, antecedentes por violencia de género y vínculos con sectores de poder. La joven, de 25 años, fue hallada sin vida en un descampado del sur de la capital tucumana.
El operativo de captura y traslado
Sosa, de 51 años, fue detenido en la localidad bonaerense de Pilar tras un operativo encabezado por una comisión de 25 policías tucumanos.
Dos días después, fue trasladado en un avión oficial hasta Tucumán bajo un estricto protocolo de seguridad, con custodia de fuerzas especiales, casco protector, chaleco antibalas y con pies y manos atados.
Tras arribar a la provincia, quedó alojado en el Complejo Penitenciario Benjamín Paz, una cárcel de máxima seguridad.
El perfil del acusado
Formación militar y experiencia internacional
El expediente judicial describe a Sosa como un hombre con alto entrenamiento militar.
Ingresó al Ejército Argentino en 1998, se formó en el Colegio Militar de la Nación y prestó servicio en el Regimiento de Paracaidistas.
También integró misiones de la ONU en Kuwait e Irak, contextos de alta conflictividad.
Su trayectoria incluye un paso por la Legión Extranjera de Francia, fuerza conocida por su adiestramiento extremo y operaciones de alto riesgo.
En África y Guayana Francesa participó en acciones contra el tráfico de oro y tareas de rescate, además de cumplir funciones como enfermero de combate.
De empresario de seguridad a acusado de femicidio
Al regresar a Tucumán en 2008, fundó la empresa Seguridad Objetiva, dedicada a la custodia de barrios privados y firmas de peso económico.
Esa actividad le permitió vincularse con sectores citrícolas, ferroviarios y complejos residenciales de Yerba Buena.
Con el tiempo, su imagen pública comenzó a deteriorarse. En 2023 fue denunciado por violencia de género y quedó involucrado en una causa por un cultivo de marihuana hallado en su vivienda.
La hipótesis del crimen
La fiscalía considera que su entrenamiento explicaría la frialdad con la que se habría cometido el asesinato y el descarte del cuerpo de la joven en una bolsa de residuos, en una zona sin cámaras ni tránsito habitual.
La autopsia reveló lesiones graves, entre ellas luxación de vértebra y dislocación de mandíbula, lo que refuerza la hipótesis de un ataque violento.
Vulnerabilidad y líneas de investigación
La defensa de la familia Álvarez indicó que la joven, estudiante de enfermería, atravesaba problemas de consumo y frecuentaba entornos donde circulaban drogas y personas con alto poder adquisitivo.
Los investigadores analizan varias líneas: una muerte encubierta, un crimen para silenciarla o una represalia directa.
