El gobierno de Javier Milei oficializó la intervención del puerto de Ushuaia por 12 meses tras detectar presuntas irregularidades financieras y desvío de fondos públicos. La medida fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) a través de la Resolución 4/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, mientras la gestión fueguina de Gustavo Melella anunció que recurrirá a la Justicia para frenar la decisión.
Intervención del puerto de Ushuaia: qué dispuso el Gobierno
La resolución fue firmada por el director ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Arreseygor, y establece que el Estado nacional asumirá la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal marítima.
La intervención tendrá una duración inicial de un año, aunque el texto deja abierta la posibilidad de extenderla si las anomalías detectadas no se corrigen.
Motivos de la medida: desvío de fondos y fallas operativas
Irregularidades financieras bajo investigación
Desde la ANPYN señalaron que se habrían identificado desvíos de recursos que debían destinarse al mantenimiento y mejora del puerto.
Esos fondos, afirmaron, habrían sido utilizados para otros gastos de la administración provincial, lo que contradice la normativa vigente.
Riesgos en infraestructura y falta de respuesta
El organismo también indicó que las inspecciones detectaron:
- Deficiencias operativas
- Riesgos en la infraestructura
- Falta de respuestas ante pedidos de regularización
Además, mencionaron denuncias de vaciamiento por parte de trabajadores y preocupación de empresas navieras que operan en la terminal.
Tensión política en plena temporada de cruceros
La intervención del puerto se da en un momento clave por el movimiento turístico en la región.
En ese marco, el gobernador fueguino cuestionó la decisión y sostuvo que el funcionamiento de la terminal se mantiene con normalidad pese a la medida nacional.
Tierra del Fuego busca frenar la intervención en la Justicia
“Un avasallamiento sobre la autonomía provincial”
El gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur anticipó que presentará acciones judiciales contra la intervención.
Desde la gestión de Gustavo Melella afirmaron que existe “un avasallamiento importante” sobre la autonomía provincial y adelantaron que trabajan en una estrategia legal para recuperar el control de la Dirección Provincial de Puertos.
