La abogada previsionalista María Silvia Rapisarda advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, el aumento de amparos por salud y el incumplimiento de leyes vigentes. “La Justicia se convirtió en el único camino para hacer valer derechos”, afirmó.
Un año marcado por los reclamos judiciales
Rapisarda describió un año “complejo y movido” en materia jubilatoria, y la mayoría de las consultas que llegan a su estudio tienen un punto en común: el haber no alcanza para cubrir gastos básicos.
“La primera frase que escuchamos es ‘la jubilación no me alcanza’ y tienen razón”, sostuvo. ante la pérdida del poder adquisitivo empujó a muchos jubilados a iniciar acciones judiciales.
Jubilaciones por debajo de la canasta básica
Rapisarda dijo que el haber mínimo ronda los 340 mil pesos y llega a 410 mil con bono incluido. Esa cifra queda lejos de los valores de referencia del Indec: “Una canasta básica para no caer en la indigencia está en 450 mil pesos. El haber mínimo equivale a un tercio de la canasta básica total”.
También señaló que la mayoría de las jubilaciones se ubican entre los 400 mil y 1,2 millones de pesos, montos que no alcanzan para cubrir el costo real de vida.
El bono congelado y la pérdida de ingresos
Otro punto central es el congelamiento del bono previsional. Para la abogada, su falta de actualización genera una licuación del ingreso.
“Si el Poder Ejecutivo reconoce que el bono es necesario y lo mantiene sin aumento, también reconoce que el haber es insuficiente”, afirmó respecto a que esto justifica el reclamo judicial.
Las tres causas principales de los juicios
Rapisarda resumió los motivos más frecuentes de las demandas previsionales:
- La pérdida sostenida del poder adquisitivo
- La desproporción entre jubilación y costo de vida
- El congelamiento del bono
“Estas son las razones centrales por las que la gente recurre a la Justicia”, remarcó.
Aumentan los amparos por salud
La abogada sentenció que hay un fuerte crecimiento de los amparos vinculados a la salud porque muchos jubilados ya no cuentan con coberturas que antes eran totales.
“Hay medicamentos y tratamientos crónicos que dejaron de cubrirse. Eso obliga a la gente a elegir entre comer o medicarse”, señaló ante que los reclamos alcanzan tanto a obras sociales públicas como privadas.
Falta de control y obras sociales incumplidoras
Rapisarda cuestionó el rol de la Superintendencia de Servicios de Salud y consideró que el Estado dejó de cumplir su función de control: “Cuando la Superintendencia no responde, la única salida es la Justicia para exigir que se cumpla lo que dice la ley”.
En el caso de tratamientos oncológicos, recordó que existe una ley que garantiza la cobertura total, aunque en la actualidad no se respeta.
Discapacidad: leyes vigentes que no se cumplen
También se refirió a la ley de emergencia en discapacidad. Pese a su sanción y promulgación, afirmó que el Ejecutivo no la ejecuta: “Se gana una batalla judicial y después hay que litigar otra vez para que se cumpla”.
Y agregó que hay fallos recientes en Catamarca y Campana que obligan al Estado a aplicar la norma.
Fin de moratorias y caída de pensiones
Entre otros temas, la abogada alertó por el fin de las moratorias previsionales y la baja masiva de pensiones no contributivas: “Hubo una auditoría con fines de recorte, no de fiscalización”.
En este sentido, aclaró que hubo notificaciones enviadas a domicilios inexistentes y plazos imposibles de cumplir. Esa situación derivó en nuevos reclamos judiciales para restablecer beneficios otorgados de forma correcta.
Contacto
Para consultas con el Estudio Jurídico Amiotti – Rapisarda se pueden enviar mensajes para pedir turnos por WhatsApp al: 2665 04-1472.
