El juicio contra los ocho acusados de integrar la red de trata que captó a Johana Ramallo —desaparecida en 2017 y hallada asesinada un año después en La Plata— cumple siete meses sin avances significativos. Con audiencias suspendidas, testigos ausentes y problemas de agenda judicial, la familia denuncia demoras que profundizan su dolor y reclama celeridad.
El debate oral, que comenzó a fines de mayo en el Tribunal Oral Federal N.º 2 de La Plata, avanza con extrema lentitud. En casi siete meses, solo se realizaron diez audiencias, algunas virtuales, otras suspendidas sobre la hora y varias de escasa duración. La última, incluso, duró apenas 18 minutos.
Para Marta Ramallo, madre de Johana, el proceso está marcado por “dilaciones injustificadas”, testigos que no se presentan y jueces con compromisos que postergan la continuidad del juicio. “Siguen manoseando la memoria de mi hija”, expresó al salir de los tribunales.
Problemas de agenda y ausencias reiteradas
Según la familia, las suspensiones se justifican con excusas como fallas técnicas, superposiciones con otras causas o falta de testigos. El juez Germán Castelli —presidente del tribunal— solo asistió de forma presencial a las dos primeras audiencias y recién volvió en la más reciente.
Los jueces Andrés Basso y Nelson Jarazo argumentaron que la extensa distancia entre audiencia y audiencia responde a la necesidad de “ahorrar recursos” y a limitaciones de agenda, razones que la querella considera insuficientes.
Cómo operaba la presunta red de trata que captó a Johana
Los ocho imputados —Carlos Omar “El Cabezón” Rodríguez, Federico Hernán D’Uva Razzari, Carlos Alberto Espinoza Linares, Erika Paola Garraza, Celia Noemí Giménez, Celia Andreaza Benítez, Mirko Alejandro Galarza Senio y Hernán Rubén García— están acusados por la fiscalía y la UFEM de integrar una organización que operaba en la zona roja de La Plata entre 2016 y 2017.
Explotación, manipulación y control territorial
La banda, conocida como “Los ocho cuarenta”, explotaba sexualmente a mujeres en situación de consumo, según la investigación. Las víctimas eran sometidas, manipuladas y obligadas a entregar sus ganancias.
Dentro del grupo también actuaban “Las viejas”, mujeres mayores que cobraban “peaje” y controlaban el territorio. La fiscalía pidió evaluar si ellas mismas estaban sometidas dentro de la estructura delictiva.
Este juicio no analiza el femicidio de Johana —esa causa se tramita por separado—, sino el funcionamiento de la red de trata vinculada a su desaparición.
Un juicio marcado por ausencias y testigos que no declaran
Desde mayo, los imputados dejaron de asistir en forma presencial. Alegan ataques de pánico, problemas de salud, visitas familiares o solicitan conectarse por videollamada. Para Marta Ramallo, estas justificaciones debilitan el proceso:
“No pueden decidir si van o no según su humor. Ya están condenados socialmente”.
Además, varios testigos dejaron de contestar llamados, se niegan a declarar en persona o faltan sin aviso. La mamá de Johana reclama sanciones por falso testimonio y advierte que la dispersión de audiencias compromete la etapa de alegatos.
El impacto emocional y el pedido urgente de justicia
Marta solicitó una audiencia privada con los jueces para expresar su preocupación por la lentitud del proceso y la falta de respuestas. También insistió en que se exhiba un video clave donde se ve a Johana con vida por última vez.
Con años de militancia junto a organizaciones feministas, la madre asegura estar agotada por un juicio interminable:
“El dolor nos obliga a estar en cada detalle. Esto es un desastre”.
