El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA), Sergio Escalante, alertó sobre la profunda caída del consumo que atraviesa el sector y sus consecuencias directas en las plantas fabriles. Según detalló, casi no existen horas extras, los productos de temporada redujeron sus ciclos y crece la capacidad ociosa en las fábricas.
“Hay una caída del consumo, de la venta, que es muy grande. El Gobierno debe apuntar a generar empleo; ningún empleador toma personal por barato, sino porque necesita mano de obra”, afirmó.
En las últimas semanas, grandes empresas anunciaron medidas por sobre stock de mercadería. Escalante recordó que Georgalos suspendió trabajadores, mientras que Mondelez otorgó licencias a parte de su plantel. Estos movimientos reflejan la fragilidad del mercado interno, que golpea de lleno a la industria alimenticia, uno de los sectores más sensibles de la economía.
El dirigente también cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Sostuvo que debe discutirse “entre empleadores y trabajadores” y, en todo caso, ser elevada al Congreso por el Ejecutivo. “No lo tienen que discutir los gobernadores”, remarcó.
Escalante planteó que el proyecto oficial “va en línea con el Decreto 70/23” y que, ideológicamente, apunta a “terminar con el trabajo formal” para avanzar hacia un modelo similar al de Perú, donde el 70% de la fuerza laboral es informal.
“La iniciativa barre con los derechos colectivos e individuales, barre con la organización. El empleo no se genera por una reforma laboral, sino por una política económica, tributaria y social”, advirtió.
El sindicalista consideró que la aplicación de la reforma incrementará la litigiosidad laboral. “Hoy hay 6 millones de trabajadores formales y 22 mil juicios. Eso se va a multiplicar”, señaló.
La advertencia de Escalante se suma a las voces críticas de otros gremios que ven en la reforma un intento de debilitar al trabajador, tanto de manera colectiva como individual. En paralelo, la caída del consumo y las suspensiones en empresas alimenticias muestran que la crisis no es solo un debate legislativo, sino una realidad palpable en las fábricas.
