El Gobierno Nacional decidió retirar a la Procuración del Tesoro de la Nación como querellante en la causa que investiga presuntas irregularidades en la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el 2018. La medida, oficializada este jueves mediante el Decreto 87/2026, despoja al Estado de la facultad de proponer pruebas o apelar resoluciones en el expediente.
La decisión ocurre días después de que la jueza María Eugenia Capuchetti ordenara el archivo de la causa el pasado 2 de febrero. El Ejecutivo justificó el retiro bajo la premisa de priorizar un uso «eficiente y racional» de los recursos públicos, al alegar que el Ministerio Público Fiscal es el organismo con la «mejor posición técnica» para llevar adelante la investigación.
Los funcionarios involucrados
La causa investiga un presunto fraude al Estado y alcanza a las máximas autoridades de la gestión de Cambiemos:
- Mauricio Macri (expresidente).
- Luis Caputo (actual ministro de Economía y entonces titular de Finanzas).
- Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y exdirector del Banco Central).
- Nicolás Dujovne (exministro de Hacienda).
Apelación y sospechas de desvío
A pesar del archivo dispuesto por Capuchetti y la retirada del Gobierno, la causa no está cerrada. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión ante la Cámara Federal con un escrito donde calificó el archivo de «prematuro».
Picardi sostiene, apoyado en informes de la Auditoría General de la Nación, que el acuerdo por US$ 57.100 millones se realizó sin intervención del Congreso y sin los decretos correspondientes. Además, el fiscal señaló que las divisas no se utilizaron para la estabilidad macroeconómica, sino que terminaron en la formación de activos externos en beneficio de grupos privados.
Contexto de deuda
El préstamo de 2018 representa el mayor acuerdo en la historia del FMI. Actualmente, una misión técnica del organismo se encuentra en Buenos Aires para revisar el acuerdo vigente por US$ 20.000 millones, mientras el esquema de vencimientos de la deuda original sigue bajo disputa judicial y política.
