Las abogadas Ana María López y María Victoria Robledo presentaron una denuncia penal y una recusación contra tres jueces del Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de la primera circunscripción. Acusan a los magistrados de “arbitrariedad, pruebas inventadas y sesgo de género” en un fallo que las multó con el equivalente al 20% del sueldo de un Secretario de Primera Instancia.
Los fundamentos del fallo cuestionado
El tribunal —integrado por Laura Belén Molino, Jorge Ernesto Sabaini Zapata y Yanina Verónica Del Viso— argumentó que las letradas incurrieron en “conductas dilatorias y obstruccionistas” en una causa penal.
Sin embargo, las denunciantes señalaron que los jueces no especificaron “ni un solo acto concreto, fecha, firma e imputación subjetiva” que respaldara la sanción. Además, destacaron que la mayoría de los escritos citados como “chicanas” fueron presentados por dos abogados varones —quienes no recibieron sanción alguna— y que dos de los escritos invocados ni siquiera existen en la causa.
Acusaciones formales y reclamo institucional
La presentación, que tramita ante la Unidad de Abordaje Fiscal, sostiene que los magistrados violaron el derecho de defensa en juicio, incurrieron en atribución objetiva de culpa y ejercieron la potestad disciplinaria con desviación de poder, sesgo de género y motivación falsaria.
“Sancionar sin prueba y sin lógica jurídica es un acto de poder desnudo, contrario al derecho y lesivo de las garantías más elementales”, afirmaron las abogadas.
Impacto y proyección del caso
Además, las letradas advirtieron que el fallo sienta un peligroso precedente institucional, al basarse en pruebas inexistentes o de terceros y aplicarse de manera selectiva contra profesionales mujeres.
“Nos sancionaron con evidencia falsa. Pero no nos van a disciplinar. Vamos a litigar con más convicción que nunca”, concluyeron.
