Tras el encuentro con el gobernador Claudio Poggi, las entidades del campo avanzaron en una agenda común con el Ejecutivo para mejorar la seguridad rural y el estado de los caminos productivos.
El presidente de la Sociedad Rural Río V, Daniel Casella, valoró el diálogo y confirmó que el desafío será definir cómo se sostendrá el sistema.
Trabajo conjunto entre el Estado y los productores
Casella destacó el clima de la reunión y la decisión de avanzar con medidas concretas. “Ha sido muy positivo. Entendemos que hay que trabajar en conjunto, el sector privado y el estatal”, expresó.
El dirigente recordó que el reclamo creció ante el aumento de la faena clandestina y el abigeato, lo que llevó a pedir respuestas urgentes.
El espejo cordobés
Durante la audiencia participó el presidente de Cartez, Maximiliano Razzeto, quien explicó el funcionamiento del esquema aplicado en Córdoba, donde los delitos rurales bajaron y los caminos muestran mejoras.
“Son modelos que funcionan y que tenemos que copiar”, afirmó Casella.
Denuncias que no avanzan
Uno de los puntos más sensibles fue el circuito de las presentaciones judiciales. Casella advirtió que existe un desfasaje entre productores, Policía y fiscalía.
“Muchas denuncias caen en un vacío. El productor no obtiene respuesta y a veces ni la Policía ni la fiscalía saben del hecho”, sostuvo.
También insistió en la necesidad de denunciar: “Nos decían que no había robos, pero era porque no se registraban”.
Móviles, tecnología y más personal
La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, participó del encuentro. Casella señaló que hay voluntad, aunque faltan efectivos, móviles y equipamiento.
El Gobierno anunció la compra de 10 camionetas, algunas destinadas al área rural, con conexión satelital que permitirá radicar denuncias desde el lugar del hecho.
“Eso evita muchísimos inconvenientes”, remarcó.
Consorcios para seguridad y caminos
La propuesta apunta a crear consorcios por zonas, financiados con recursos que provienen del impuesto inmobiliario rural y aportes privados.
El Estado entregaría la maquinaria inicial, mientras los productores cubrirían combustible y personal. Luego, una comisión mixta certificaría los trabajos.
“Lo que el productor paga vuelve al productor”, resumió Casella.
Cómo sería el esquema en San Luis
En Córdoba existen unos 17 mil kilómetros de caminos rurales. En San Luis se deberá determinar la red real, con estimaciones que oscilan entre 3.500 y 5.000 kilómetros.
La intención es conformar no más de ocho consorcios que cubran toda la provincia.
“Es un paso que nunca se había dado”, afirmó el dirigente.
Capacitación para la Policía rural
Otro punto clave será la formación específica de los agentes. Las entidades ofrecerán apoyo para que conozcan marcas, señales, hacienda y dinámicas del delito en el campo.
“No es lo mismo un delito urbano que uno rural”, planteó.
Impuestos y compromiso
Casella reconoció que existe un déficit en el pago del inmobiliario por la desconfianza de muchos productores. A su entender, si ven resultados en caminos y seguridad, la respuesta será distinta.
También se analizó destinar parte del DOPRO para que aporten quienes arriendan campos o trasladan grandes volúmenes de producción.
Más controles sanitarios
El ruralista pidió fortalecer la bromatología en ciudades que no cuentan con ese servicio. Puso como ejemplo a Justo Daract, donde resulta difícil verificar el origen de la carne que se comercializa.
Balance positivo
“Salimos conformes. Es la primera vez que un gobierno dice que el impuesto rural vuelve al campo”, concluyó Casella.
Las entidades comenzarán reuniones internas para organizar los consorcios y presentar propuestas ante Vialidad Provincial.
