Un informe de Argentinos por la Educación ubicó a San Luis como una de las tres provincias del país que cumplirá con los 190 días de clase establecidos por el Consejo Federal de Educación (CFE) durante 2026.
El calendario escolar puntano prevé 191 días de clase, solo superado por Santiago del Estero (192). Mendoza, con 190 días, completa el trío de jurisdicciones que alcanzan la meta acordada a nivel federal.
Incumplimiento generalizado y desigualdad educativa
El relevamiento —elaborado por Gustavo Zorzoli, María Sol Alzú y Tomás Besada— advierte que solo tres de las 24 jurisdicciones garantizarán los 190 días en 2026. El resto del país proyecta un calendario por debajo de ese umbral, a pesar de los acuerdos del CFE.
Además, siete provincias —Santa Cruz, La Rioja, Río Negro, Tucumán, San Juan, Buenos Aires y Chubut— planificaron menos de 760 horas de clase anuales para el nivel primario, el piso mínimo fijado por el organismo federal. Eso implica que 718.712 alumnos no alcanzarán la carga horaria obligatoria.
Entre la planificación y la realidad áulica
El informe aclara que los datos surgen de los calendarios oficiales publicados por los ministerios provinciales, no del cumplimiento efectivo. Factores como paros docentes, problemas de infraestructura, ausentismo y condiciones climáticas pueden ampliar la brecha entre lo previsto y lo realmente dictado.
“La inmensa mayoría de los responsables del área educativa no cumplen con el acuerdo federal que vienen votando por unanimidad sobre la necesidad de alcanzar un piso de 190 días de clase”, señaló Zorzoli, coautor del estudio.
Críticas y desafíos del sistema
El especialista Flavio Buccino advirtió que “sin un sistema de monitoreo nominal que registre lo que sucede día a día, los 190 días corren el riesgo de ser solo una meta teórica”. En tanto, Teo Saralegui, de Asociación Conciencia, planteó que “cumplir efectivamente con los 180 días de clase y avanzar en la jornada extendida es un paso imprescindible, pero no suficiente”.
El estudio subraya que Argentina carece de datos oficiales sobre días y horas de clase efectivos, así como de información pública sobre presentismo, conflictos laborales o cierres por cuestiones edilicias o climáticas.
