La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley de amnistía que podría beneficiar a cientos de presos políticos. Sin embargo, dirigentes opositores y organizaciones de derechos humanos advirtieron que la norma excluye a figuras clave como María Corina Machado y deja importantes vacíos legales.
Ley de amnistía en Venezuela: alcance y controversia
La nueva ley de amnistía sancionada por el Parlamento venezolano abrió un fuerte debate político. Aunque el oficialismo la presenta como una herramienta para avanzar hacia la reconciliación nacional, sectores opositores sostienen que el texto es restrictivo y no garantiza justicia plena.
Desde la ONG Foro Penal, su vicepresidente Gonzalo Himiob señaló que el proyecto tendría un carácter “excluyente”, a la espera de la publicación definitiva del articulado. Según estimaciones de la organización, más de 600 personas continúan detenidas por razones políticas en el país.
La normativa podría derivar en liberaciones una vez que sea promulgada por la autoridad ejecutiva correspondiente.
Las exclusiones que generan mayor preocupación
María Corina Machado y otros dirigentes
Uno de los artículos más cuestionados es el que deja fuera a quienes hayan sido procesados o acusados de promover acciones contra la soberanía nacional con apoyo extranjero. Este punto ha sido utilizado históricamente para imputar a referentes opositores.
Entre los posibles excluidos se encuentra María Corina Machado, una de las principales figuras antichavistas. También podría alcanzar a dirigentes en el exilio, como Leopoldo López, y a militares condenados por delitos vinculados a la jurisdicción castrense.
Para la dirigente opositora Corina Yoris, cercana a Machado, la ley no cumple con estándares internacionales de justicia transicional y omite aspectos centrales como la reparación a las víctimas.
Postura de los organismos de derechos humanos
Críticas por discrecionalidad y vacíos legales
Desde el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), su secretario general Oscar Murillo advirtió que la norma presenta “excesivas exclusiones” que no estarían contempladas ni en la Constitución ni en tratados internacionales.
Antonio González Plessmann, del colectivo Surgentes, coincidió en que se trata de una ley “insuficiente”, ya que no abarca numerosos casos de personas judicializadas por ejercer derechos laborales, denunciar corrupción o manifestarse pacíficamente.
Otro punto sensible es la creación de una comisión de seguimiento sin participación social, que podrá sugerir casos adicionales para ser incluidos. Según los activistas, esto abre margen a decisiones discrecionales.
Además, remarcaron que la amnistía debería dejar explícito que su aplicación no implica el reconocimiento de delitos por parte de los beneficiarios ni limita el derecho a reclamar reparación por violaciones a los derechos humanos.
No está claro si la ley alcanzará a ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela. Entre ellos figuran el argentino Nahuel Gallo, acusado oficialmente de planear un atentado, y Germán Giuliani, vinculado a una causa por narcotráfico —delito expresamente excluido del texto—, aunque sus familias y el gobierno argentino rechazan esas imputaciones.
¿Un paso hacia la distensión política?
El analista Andrés Cañizalez, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, consideró que la aprobación representa “un paso” para aliviar tensiones y sufrimientos, aunque reconoció que no satisface plenamente las demandas de la sociedad civil y las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Para los activistas, la prioridad sigue siendo la liberación “plena, inmediata e incondicional” de todas las personas detenidas por motivos políticos, además de la revisión de leyes que, según denuncian, han sido utilizadas para criminalizar la disidencia.
