El juez de Garantía Nº 3, Marcos Flores Leyes, imputó a un hombre domiciliado en la zona céntrica de la ciudad de San Luis por presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. El acusado continuará en libertad.
La fiscal adjunta de la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 1, Marisol Boschi, formuló cargos contra el acusado por la presunta «publicación, facilitación, divulgación y distribución de representaciones de las partes genitales de menores de 18 años con fines predominantemente sexuales, agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años«, en el marco de una investigación por material de abuso sexual infantil detectado en internet.
El inicio de la investigación por la tenencia de material de abuso
Boschi explicó que la investigación se inició a partir de un informe generado por el sistema de investigación estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection Systems (ICACCOPS) . Se trata de una plataforma que monitorea el tráfico de archivos en internet para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.
El sistema detectó actividad compatible con el intercambio de material de abuso sexual infantil en redes de intercambio de archivos conocidas como peer to peer, por ejemplo, Bit Torrent o Ares. A partir de ese reporte, se identificó una dirección IP localizada en la ciudad de San Luis que registraba actividad vinculada con este tipo de contenidos.
Allanamiento y hallazgos
Tras las tareas de investigación realizadas por la División de Delitos Complejos, se solicitó una orden de allanamiento en un domicilio de la zona céntrica de la ciudad, donde se secuestraron distintos dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento. Posteriormente, se ordenaron pericias informáticas sobre los equipos.
De acuerdo con lo informado por la fiscalía, el análisis pericial arrojó resultados positivos respecto de la presencia de material de abuso sexual infantil en dispositivos pertenecientes al imputado. En uno de los teléfonos celulares se detectaron numerosos archivos vinculados a este tipo de contenido, además de aplicaciones que permitirían navegar en internet de manera anónima o con mecanismos de ocultamiento de actividad.
La fiscalía sostuvo que, además de la presencia del material, se detectó el uso de plataformas de intercambio de archivos que permiten compartir contenidos con otros usuarios de internet, lo que —según la acusación— ubicaría la conducta investigada más allá de una simple tenencia.
El pedido de la Fiscalía
El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado por 120 días al advertir riesgos procesales. La fiscal señaló que existía peligro de fuga en razón de la gravedad del delito investigado, la pena en expectativa y la solidez de la evidencia reunida. También sostuvo que podía configurarse un riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que el imputado —en libertad— podría borrar, alterar o eliminar evidencia digital o interferir en la trazabilidad del material compartido en redes de intercambio.
La postura de la defensa
Por su parte, la defensa del imputado, a cargo de la abogada Antonella Zanglá, se opuso a la formulación de cargos al sostener que el informe pericial no permite determinar con claridad la modalidad del delito ni acreditar la existencia de archivos completos en los dispositivos analizados. Según argumentó, en algunos casos solo se habrían recuperado registros de nombres de archivos almacenados en memoria caché, lo que —a su criterio— no equivale a una posesión efectiva del material ni prueba una distribución.
La decisión del juez
Tras escuchar a las partes, el juez Flores Leyes resolvió tener por formulados los cargos pero rechazó el pedido de prisión preventiva. Entre otros argumentos, sostuvo que el imputado no posee antecedentes penales, cuenta con domicilio y siempre ha estado a derecho, además de que los dispositivos secuestrados ya se encuentran bajo control judicial.
En su lugar, el juez le prohibió salir del territorio de la provincia de San Luis durante 120 días y le ordenó presentarse cada 15 días a firmar el libro de imputados en la fiscalía correspondiente.
El magistrado advirtió al imputado que cualquier incumplimiento de estas medidas o conducta que pueda interpretarse como entorpecimiento de la investigación podría derivar en la revisión de su situación procesal.
Al finalizar la audiencia, la fiscalía anunció que apelará la decisión ante el Tribunal de Impugnación.
