El Tribunal de Juicio del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial condenó a Cintia Marina Ramírez a un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al hallarla culpable de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en perjuicio de la administración pública.
El fallo fue dictado este viernes por la tarde, tras una extensa audiencia en la que la imputada prestó declaración y las partes expusieron sus alegatos finales. El tribunal estuvo integrado por los jueces Fernando de Viana, quien presidió el debate, junto a Adriana Lucero Alfonso y María Eugenia Zavala Chacur como vocales.
En el mismo veredicto, Ramírez fue absuelta por el delito de fraude a la administración pública, vinculado a la compra de un colectivo marca Volvo, al no haberse alcanzado el grado de certeza necesario para una condena.
La pena impuesta es de cumplimiento en suspenso, lo que implica que la condenada no irá a prisión siempre que cumpla con las condiciones fijadas por la Justicia durante el plazo establecido. En caso de incumplimiento o de cometer un nuevo delito, la pena podría hacerse efectiva.
Respecto de la absolución, el tribunal aplicó el principio de “beneficio de la duda”, al considerar que las pruebas reunidas no resultaron suficientes para acreditar la responsabilidad penal en ese hecho con el nivel de certeza requerido por la ley.
Con esta resolución, la exfuncionaria queda inhabilitada de manera permanente para ocupar cargos públicos, en el marco de una causa que investigó presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
