El Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció este viernes que el gobierno de Claudio Poggi justifica políticas de ajuste bajo el argumento de la falta de recursos, «cuando los datos oficiales muestran una realidad completamente distinta» .
Según información del Ministerio de Economía de la Nación, la provincia de San Luis acumuló ingresos por $1,259 billones y registró un superávit financiero superior a los $100.000 millones. A esto se suman depósitos por más de $2,29 billones en el Banco Central y otros $2,06 billones en el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) .
«Es decir, la provincia no está en crisis financiera. Sin embargo, quienes sí estamos en crisis somos los y las trabajadores estatales» , remarcó el gremio en un comunicado.
«Pobres somos los estatales»
El secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, expresó: «Nuestra provincia no es pobre; pobres somos los y las estatales como consecuencia de las políticas de ajuste implementadas por Poggi desde el inicio de su gestión. Los salarios se encuentran por debajo de los niveles de pobreza e indigencia, mientras la decisión política es seguir recortando a quienes sostenemos el Estado y garantizamos derechos a la sociedad» .
La pérdida de poder adquisitivo
Desde el sindicato remarcaron que desde la asunción del actual gobierno, los salarios perdieron poder adquisitivo de manera significativa. Solo en 2024, la suba salarial fue del 59% , mientras que la inflación alcanzó el 117% , según datos oficiales.
El pago en cuotas y el endeudamiento
«A esto se suma una de las primeras medidas de la gestión: el pago de salarios en cuotas, que profundizó un espiral de endeudamiento que hoy resulta insostenible para miles de trabajadores y trabajadoras» , planteó ATE.
Los 32 millones de dólares del BCRA
El gremio destacó que los 32 millones de dólares depositados en el BCRA ($44 mil millones de pesos) equivaldrían a 1.200.000 pesos para cada empleado público.
El reclamo contra el ajuste
ATE insistió en la necesidad de una recomposición salarial y la aplicación de un plan de desendeudamiento para los agentes de la administración pública. «Los datos confirman que es posible» , reclama el gremio.
