Un nuevo caso de violencia de género en Pilar generó conmoción luego de que una mujer denunciara que su expareja la golpeó en su departamento y le provocó lesiones en el rostro. El hecho ocurrió recientemente en esa localidad bonaerense y, pese a que el acusado ya contaba con antecedentes y denuncias previas, continúa en libertad. La víctima asegura haber aportado pruebas y reclama una respuesta urgente de la Justicia.
El ataque denunciado
La mujer relató que la agresión se produjo dentro de su vivienda cuando le pidió a su exnovio, identificado por sus iniciales F.N.B., que se retirara del lugar. Según su testimonio, al advertirle que estaba llamando a la policía, el hombre reaccionó de manera violenta y la atacó físicamente.
El episodio quedó parcialmente registrado en un video que la propia víctima difundió como prueba. Según explicó, las imágenes representan solo una parte de la violencia sufrida y aseguró que atravesó situaciones similares durante años.
Antecedentes y causa judicial
La denunciante indicó que ya había realizado una presentación judicial contra el mismo hombre más de cinco meses atrás. La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía N°1 de Pilar, especializada en casos de violencia de género.
De acuerdo a su testimonio, pese a haber entregado múltiples evidencias, el acusado aún no fue citado a declarar. Esta situación incrementa su preocupación y sensación de desprotección.
Pruebas y elementos secuestrados
En el marco de la investigación, se realizó un allanamiento en el domicilio del denunciado. Durante el procedimiento, la policía habría secuestrado dos armas cargadas.
Además, trascendió que el acusado tendría otras causas penales abiertas. Sin embargo, y a pesar de estos antecedentes, no se dispuso su detención, lo que genera cuestionamientos sobre el accionar judicial.
Reclamo y preocupación
La víctima expresó su angustia ante la falta de avances en el caso y manifestó temor por su seguridad. Insiste en que presentó pruebas suficientes y cuestiona que la Justicia no haya tomado medidas más firmes.
El caso reaviva el debate sobre la respuesta institucional frente a denuncias de violencia de género y la necesidad de actuar con mayor celeridad para prevenir situaciones de riesgo.
