La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó este miércoles nuevos elementos relacionados con gastos realizados en el country Indio Cuá, donde el funcionario alquiló una vivienda mientras avanzaban las refacciones de una propiedad adquirida dentro del mismo barrio privado.
La novedad surgió tras la declaración testimonial de José Luis Rodríguez, dueño de la casa que ocupó Adorni junto a su familia. El testigo fue convocado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien impulsa una causa que busca determinar si el funcionario puede justificar distintas erogaciones económicas detectadas en los últimos meses.
Según fuentes judiciales, Rodríguez declaró que el contrato original de alquiler “se extendió de palabra” por otros tres meses debido a demoras en la obra que realizaba el contratista Matías Tabar. Por esa extensión, el jefe de Gabinete habría abonado otros u$s2.400.
La Justicia ya tenía registrado que Adorni había pagado alrededor de u$s13.000 por el alquiler de la vivienda en Indio Cuá mientras se remodelaba la casa que compró en el country por u$s120.000. La nueva declaración agregó además información sobre operaciones inmobiliarias previas entre ambas partes.
Rodríguez sostuvo también que ya había alquilado anteriormente la propiedad al funcionario. Según indicó, ambas partes firmaron un contrato temporal en octubre de 2023, antes de la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Durante ese período, Adorni habría pasado el verano de 2024 en el country, en una estadía que costó u$s5.600.
Otro de los aspectos bajo investigación es la modalidad de pago utilizada. De acuerdo con la testimonial incorporada al expediente, todos los pagos se habrían realizado “en efectivo y en moneda extranjera”, una práctica que ya había sido mencionada en otras declaraciones de la causa.
En paralelo, la investigación sumó la declaración del contratista Matías Tabar, quien afirmó haber cobrado u$s245.000 por la remodelación integral de la vivienda de Indio Cuá. Los trabajos habrían incluido reformas estructurales, cambios de pisos, remodelación de pileta, cocina y mobiliario. Además, se detectaron gastos por $14 millones en muebles para un departamento familiar ubicado en Caballito.
El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien ordenó diversas medidas de prueba, entre ellas el análisis del teléfono celular del contratista y el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA. Además, la Justicia investiga movimientos vinculados con criptomonedas, por lo que ya se solicitaron datos a distintas billeteras virtuales.
