La jueza de Garantía Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, Agustina Dopazo Samper, resolvió otorgar la prisión domiciliaria a Wilson Sánchez, investigado por instigar un crimen contra una mujer con la que había mantenido una relación. La medida incluye la colocación de un dispositivo electrónico de control y una prohibición absoluta de contacto con la víctima y sus hijas por cualquier medio, incluidas redes sociales y plataformas digitales.
La decisión se tomó durante una audiencia realizada este miércoles, después de que la defensa del imputado —representada por el abogado Héctor Zavala Agüero— solicitara reemplazar la prisión preventiva por el arresto domiciliario en la vivienda de la madre de Sánchez, ubicada en la zona oeste de la ciudad de San Luis.
Una causa con intento de sicariato
Sánchez está imputado por los delitos de incumplimiento de una orden judicial, coacción, amenazas e instigación a cometer delitos. Según la investigación, uno de los hechos más graves fue una presunta oferta de dinero a un tercero para atentar contra la vida de la mujer, lo que motivó el avance de la causa por instigación a cometer delitos.
La víctima denunció los hechos después de finalizar el vínculo. La fiscalía sostiene que Sánchez habría desplegado distintas conductas de hostigamiento mediante redes sociales, perfiles falsos y plataformas digitales, desde donde enviaba mensajes intimidatorios y publicaba fotografías e información personal de la mujer.
Hostigamiento virtual y restricciones previas
La Fiscalía de Género Nº 1, representada por la fiscal Delia Bringas y la fiscal adjunta Marisol Boschi, no se opuso a la morigeración de la medida, aunque pidió reforzar las restricciones de contacto. Según las fiscales, Sánchez habría utilizado WhatsApp, redes sociales, perfiles falsos y hasta transferencias por Mercado Pago para mantener contacto con la víctima y sus hijas, incluso durante la vigencia de restricciones judiciales previas.
La Defensoría de Niñez y Adolescencia, representada por la defensora adjunta Belén Suárez, adhirió al planteo fiscal, especialmente respecto de la protección de una adolescente de 16 años integrante del grupo familiar.
Las condiciones de la domiciliaria
La jueza dispuso:
- Prisión domiciliaria bajo supervisión de la madre del imputado.
- Dispositivo electrónico de control.
- Prohibición absoluta de contacto con la denunciante y sus hijas por cualquier medio (redes sociales, mensajes, plataformas digitales o terceros) por seis meses.
- Tratamiento semanal en el Centro Provincial de Adicciones (puede ser virtual).
- La autorización laboral queda condicionada a la presentación semanal de horarios y lugares de trabajo para control de los organismos de supervisión.
La defensa argumentó que ya no restan medidas probatorias pendientes y que las principales diligencias investigativas ya fueron concretadas, incluyendo la pericia sobre el teléfono celular del imputado, quien habría colaborado entregando las claves de acceso al dispositivo.
