Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de resolución para rechazar la eliminación del subsidio estatal destinado al transporte de personas con discapacidad, luego de que el Gobierno nacional oficializara la medida a través de una normativa publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa busca dejar sin efecto la decisión de la Secretaría de Transporte y reabrir el debate sobre el financiamiento del sistema de gratuidad para sectores vulnerables.
La medida generó una fuerte reacción tanto en el ámbito político como entre las empresas de transporte, que denunciaron una deuda millonaria del Estado nacional. Según indicaron las compañías, desde diciembre de 2024 no reciben los fondos correspondientes para cubrir los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes oncológicos, trasplantados y otros grupos protegidos.
Además del proyecto de resolución, los legisladores impulsaron un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo Nacional, específicamente a la Secretaría de Transporte, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). El objetivo es obtener explicaciones “precisas, completas y documentadas” sobre la derogación del esquema de compensaciones.
En los fundamentos de la iniciativa, los diputados sostienen que la decisión oficial presenta “serios cuestionamientos desde el punto de vista constitucional, convencional y legal”, ya que podría afectar derechos fundamentales de colectivos especialmente protegidos. También remarcan que la eliminación del financiamiento compromete las condiciones materiales necesarias para garantizar el acceso efectivo al transporte.
El texto legislativo advierte además que el transporte gratuito “no constituye un privilegio”, sino una herramienta indispensable de inclusión social. En ese sentido, subraya que miles de personas dependen del sistema para acceder a tratamientos médicos, rehabilitación, educación y trabajo, por lo que consideran que la medida podría profundizar situaciones de vulnerabilidad.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de varios diputados de Unión por la Patria, entre ellos el presidente del bloque opositor, Germán Martínez. Desde ese espacio señalaron que la resolución del Gobierno representa un avance hacia el desmantelamiento de derechos vinculados a la discapacidad y la salud pública.
En declaraciones al canal C5N, el diputado Diego Giuliano cuestionó duramente la política oficial y afirmó que “el ajuste de los dos primeros años del gobierno de Milei sobre la discapacidad hizo colapsar el sistema de gratuidad del transporte”. Según sostuvo, la situación también afecta a pacientes pediátricos, oncológicos y personas trasplantadas incluidas en listas del INCUCAI.
Giuliano también advirtió que, aunque el beneficio formalmente continúa vigente, la eliminación del fondo compensador implica en los hechos una reducción progresiva del derecho. El legislador señaló que, en un mercado de transporte más flexibilizado, las empresas podrían trasladar los costos a los usuarios mediante aumentos tarifarios, reducción de frecuencias o deterioro del servicio. Finalmente, cuestionó la legalidad de la medida y aseguró que “cuando la ley no les gusta, no la cumplen”, calificando la situación como un precedente institucional grave.
