Un proyecto presentado en el Congreso busca penalizar los préstamos informales otorgados en barrios a personas en situación de vulnerabilidad económica. La iniciativa, impulsada por el diputado de Unión por la Patria Juan Carlos Molina junto a otros legisladores del bloque, propone penas de hasta ocho años de prisión cuando existan amenazas, coacciones o apropiación de bienes.
La propuesta surge ante la expansión de prestamistas que ofrecen dinero fuera del sistema financiero formal, principalmente a través de redes sociales y mediante acuerdos directos con vecinos que tienen dificultades para acceder al crédito bancario.
Tasas de hasta 100% mensual y créditos de emergencia
El fenómeno tomó visibilidad por la proliferación de perfiles en TikTok e Instagram que promocionan préstamos personales y comparten estrategias para desarrollar esta actividad.
Según el relevamiento difundido en torno al proyecto, algunos prestamistas cobran intereses que llegan al 100% mensual. Los montos entregados suelen ser relativamente bajos y, en numerosos casos, no superan los $10.000, pero adquieren un peso significativo para personas que necesitan dinero para afrontar gastos cotidianos.
Los préstamos pueden pactarse con pagos mensuales, semanales o incluso diarios. El acceso rápido al efectivo aparece como una alternativa para quienes no cuentan con recibo de sueldo, tienen antecedentes negativos en el sistema crediticio o no reúnen las garantías exigidas por las entidades financieras.
Qué propone el proyecto contra la usura
La iniciativa plantea incorporar como delito la explotación crediticia informal cuando se aproveche la vulnerabilidad socioeconómica de los deudores y se impongan condiciones consideradas desproporcionadas.
La pena propuesta parte de dos a seis años de prisión para quienes otorguen préstamos habituales por fuera del sistema financiero regulado bajo esas condiciones.
El proyecto contempla un agravamiento de la sanción, de tres a ocho años de prisión, cuando existan amenazas, coacciones, apropiación de bienes o una posición de ascendencia dentro de la comunidad que genere temor en la víctima.
Un criterio para determinar la tasa abusiva
La propuesta establece además un parámetro para determinar cuándo una tasa puede considerarse manifiestamente desproporcionada. El criterio se aplicaría cuando el interés cobrado supere en más de tres veces la tasa activa promedio del Banco Central para créditos personales no bancarios.
De esta manera, la iniciativa busca diferenciar entre el riesgo propio de prestar dinero a personas sin garantías y aquellas situaciones en las que ese riesgo se utiliza como argumento para imponer condiciones que multiplican de manera excesiva la deuda.
Amenazas y presión sobre los deudores
Uno de los aspectos que preocupa a los impulsores del proyecto es la dimensión territorial de estos préstamos.
Los prestamistas informales suelen conocer personalmente a sus deudores, sus trabajos y sus vínculos familiares. Esa cercanía puede generar una relación ambigua: para algunas personas representan una de las pocas alternativas disponibles para conseguir dinero, pero al mismo tiempo pueden convertirse en una fuente de presión y temor.
En redes sociales aparecen publicaciones en las que se discuten tasas, mecanismos de cobro y formas de iniciar el negocio. También se registraron contenidos vinculados con aprietes domiciliarios y amenazas ante la falta de pago.
El proyecto también plantea mayor inclusión financiera
La propuesta no se limita a endurecer las sanciones. También plantea políticas de inclusión financiera destinadas a quienes encuentran dificultades para acceder al crédito formal debido a la informalidad laboral, la falta de garantías o la ausencia de historial crediticio.
El objetivo es reducir el espacio que ocupan los prestamistas informales en sectores donde el sistema financiero tradicional no llega o establece barreras difíciles de superar.
El debate que llega al Congreso
El proyecto abre así una discusión que combina la necesidad de combatir la usura con el problema del acceso al crédito. La iniciativa busca sancionar las prácticas abusivas sin desconocer que muchas personas recurren a estos préstamos porque no encuentran otras alternativas para obtener dinero de manera inmediata.
El debate parlamentario pondrá el foco en cómo regular una actividad que creció por fuera de los canales financieros tradicionales y que, en algunos barrios, se convirtió en una respuesta frente a la falta de acceso al crédito formal.
