El Gobierno de Javier Milei anunció el 7 de septiembre una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación se fundamenta en una presunta infracción de la Ley 26.659, que establece sanciones para actividades hidrocarburíferas no autorizadas por la Argentina en la plataforma continental.
La denuncia estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. La presentación alcanzará a las empresas y también a las personas que hayan participado en las actividades investigadas.
Cuáles son las empresas denunciadas
Las compañías incluidas en la presentación son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Según el Gobierno, tres de ellas contarían presuntamente con licencias otorgadas por el Reino Unido para desarrollar tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
La administración nacional considera que esas autorizaciones no cuentan con el aval argentino y que las actividades podrían vulnerar la legislación vigente sobre los recursos naturales de la zona.
La disputa por el proyecto Sea Lion
Uno de los principales focos de la controversia es Sea Lion, un proyecto petrolero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y desarrollado por Navitas Petroleum junto con Rockhopper Exploration.
El yacimiento fue descubierto en 2010 y se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas, a unos 450 metros de profundidad. A fines de 2025, las compañías avanzaron con la decisión final de inversión para la primera etapa del proyecto.
La participación prevista corresponde en un 65% a Navitas Petroleum y en un 35% a Rockhopper Exploration. Si el proyecto avanza según lo previsto, se convertiría en el primer desarrollo destinado a producir petróleo en aguas próximas a las Islas Malvinas.
Qué establece la Ley 26.659
La normativa argentina prohíbe las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina cuando no cuentan con autorización de las autoridades nacionales.
En ese marco, el Gobierno anticipó que investigará las operaciones vinculadas con las empresas denunciadas y que aplicará las sanciones correspondientes si determina que existieron incumplimientos.
La presentación tampoco se limita a las sociedades comerciales. La denuncia contempla a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas vinculadas con las actividades bajo investigación.
El Gobierno también apunta a reforzar la seguridad
El anuncio judicial forma parte de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno en relación con la cuestión Malvinas.
Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos relacionados con la seguridad nacional. El proyecto presupuestario deberá ser enviado al Congreso el 15 de septiembre.
Además, la Cancillería había anunciado previamente procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.
Una nueva escalada en el conflicto por los recursos
La denuncia penal representa un nuevo capítulo en la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y los recursos naturales de la zona.
Con esta medida, la administración de Milei busca llevar al terreno judicial las actividades hidrocarburíferas que considera ilegítimas y reforzar su posición frente al avance del proyecto Sea Lion.
CONCLUSIÓN: La decisión del Gobierno combina una ofensiva judicial contra las empresas involucradas con nuevas medidas vinculadas a la defensa y la seguridad nacional. El avance del proyecto petrolero en la Cuenca Malvinas Norte mantiene así abierta una disputa que excede lo energético y vuelve a colocar la soberanía sobre las islas en el centro de la agenda política argentina.
