La Fiscalía de Género N° 2 formuló nuevos cargos contra un joven acusado de incumplir en dos oportunidades la prisión domiciliaria que cumplía desde fines de julio. Además, readecuó la calificación de uno de los hechos por los que ya estaba imputado y solicitó que se dicte prisión preventiva.
La audiencia se realizó ante la jueza de Garantía N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, Agustina Dopazo Samper. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal adjunta Mercedes García.
Durante la audiencia también se plantearon dudas sobre la capacidad del imputado para comprender el proceso y ejercer plenamente sus derechos. Por este motivo, intervino la defensora adjunta de Niñez, Adolescencia e Incapaces, Belén Suárez.
La identidad del joven se mantiene bajo reserva debido a su situación y para evitar una exposición que pueda afectar sus derechos.
Los incumplimientos de la prisión domiciliaria
Según la reconstrucción de la Fiscalía, el primer incumplimiento investigado ocurrió el 3 de septiembre, cuando familiares de la adolescente que denunció al joven lo habrían observado en la vía pública, en inmediaciones de calles 25 de Mayo y Rawson.
De acuerdo con la acusación, el joven debía permanecer bajo prisión domiciliaria, pero se encontraba en la calle limpiando vidrios. Una familiar le preguntó por qué estaba fuera de la vivienda y, según relató la Fiscalía, respondió que hacía lo que quería y que solucionaría las cosas a su manera.
La mujer tomó una fotografía y comunicó la situación a un grupo familiar. Luego, familiares observaron al imputado regresar al domicilio donde debía cumplir la medida e ingresar por una pared.
El segundo episodio ocurrió el 22 de septiembre, cuando la madre de la adolescente volvió a encontrar al joven fuera del domicilio fijado para la prisión domiciliaria. Ante la situación, se dio aviso al 911 y posteriormente fue detenido.
La Fiscalía también incorporó informes correspondientes a controles realizados el 1 y el 16 de septiembre en el domicilio. Según se expuso durante la audiencia, en esas oportunidades no se habría obtenido respuesta a los llamados realizados en la vivienda.
Por los episodios del 3 y 22 de septiembre, la Fiscalía formuló cargos por dos hechos de desobediencia a una orden judicial.
La causa comenzó por un hecho denunciado en julio
La investigación se inició por un episodio que ocurrió el 26 de julio, cuando una adolescente de 15 años se encontraba junto a su motocicleta frente a la casa de su abuela materna.
Según la Fiscalía, el joven se acercó, la tomó de los hombros e intentó besarla contra su voluntad. La adolescente se habría resistido y pidió auxilio. Su padre escuchó los gritos y comenzó a perseguir al acusado, a quien logró interceptar junto con vecinos.
Durante esa situación, siempre de acuerdo con la acusación fiscal, el joven habría amenazado a la madre de la adolescente y luego escapó.
Cuando llegó la Policía, el imputado habría resistido la intervención y exhibido un cuchillo tipo Tramontina, mientras amenazaba a los efectivos y manifestaba que podía lesionarse. Finalmente, después de varios minutos de diálogo, fue reducido.
El 28 de julio se realizó la primera audiencia de formulación de cargos. En ese momento, la Fiscalía le atribuyó provisoriamente los delitos de abuso sexual simple, amenazas simples y resistencia a la autoridad, en concurso real.
El juzgado había dispuesto una prisión domiciliaria durante 60 días en una vivienda ubicada en calle Jujuy al 200.
Readecuaron la acusación por abuso sexual
Durante la investigación se realizó una Cámara Gesell, en la que la adolescente brindó su relato sobre lo ocurrido.
A partir de esa declaración, la Fiscalía readecuó la calificación jurídica del hecho durante la audiencia de este miércoles. El abuso sexual simple pasó a ser considerado, de manera provisoria, como abuso sexual simple en grado de tentativa.
Las imputaciones por amenazas simples y resistencia a la autoridad se mantuvieron.
La Fiscalía pidió prisión preventiva
Tras formular los nuevos cargos, la fiscal adjunta Mercedes García solicitó que se modifique la medida de coerción y que el joven quede detenido bajo prisión preventiva.
La Fiscalía sostuvo que los nuevos episodios demostrarían que la prisión domiciliaria no habría sido suficiente para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales.
Entre los argumentos planteados se mencionaron riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la necesidad de resguardar a la adolescente y a su grupo familiar.
También se hizo referencia a una entrevista con el abuelo paterno del imputado, en cuyo domicilio debía cumplir la prisión domiciliaria. Según lo expuesto en la audiencia, el hombre habría señalado que el joven se escapaba de la vivienda y que tanto él como su esposa tenían dificultades para contener la situación.
La Defensoría de Niñez y Adolescencia acompañó el planteo relacionado con la necesidad de adoptar medidas para proteger a la adolescente y su entorno.
La defensa planteó dudas sobre su capacidad para comprender el proceso
Durante la audiencia, la defensa planteó una situación adicional vinculada con la capacidad del joven para comprender lo que estaba ocurriendo y ejercer adecuadamente sus derechos.
La defensora oficial en lo Penal N° 3, Cecilia Cabello, le recomendó al imputado que no declarara y sostuvo que no se encontraba en condiciones adecuadas para participar del proceso.
Por ese motivo, solicitó una prórroga de ocho días, prevista por el artículo 40 del Código Procesal Penal, para trabajar sobre su situación procesal.
La defensora adjunta de Niñez, Adolescencia e Incapaces, Belén Suárez, acompañó el pedido y solicitó medidas destinadas a determinar su situación y garantizar su derecho de defensa.
Fuera de la audiencia, la defensa informó que el joven tendría un Certificado Único de Discapacidad (CUD) y un diagnóstico de esquizofrenia. Esa información no pudo ser corroborada en ese momento debido a que se encuentra transitoriamente indocumentado.
Por ese motivo, entre las medidas solicitadas se incluyó la autorización para trasladarlo al Registro Civil y gestionar un nuevo DNI.
También se pidió que el Hospital de Salud Mental intervenga para evaluar al joven y determine, si corresponde, el tratamiento y la medicación que requiera. Además, se solicitó poner la situación en conocimiento del organismo provincial competente en materia de discapacidad.
La decisión quedó pendiente
La jueza Agustina Dopazo Samper concedió la prórroga de ocho días solicitada por la defensa y autorizó las medidas requeridas.
Durante ese período, el imputado permanecerá alojado en una dependencia policial.
De esta manera, el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía quedó pendiente de resolución. Una vez finalizada la prórroga, continuará la audiencia en la que deberá definirse la situación procesal del joven.
