Medios vinculados al oficialismo difundieron este jueves un video registrado por una cámara de seguridad del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) en el que aparece la exdiputada Anabela Lucero dentro del penal.
Las imágenes, de acuerdo con esos medios, fueron entregadas por la directora del SPP, Karina Mantelli, al Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis, junto con una denuncia por una supuesta violación de las normas de seguridad del establecimiento.
En el video se observa a los abogados Adriel Cabello y Esteban Bustos durante una reunión con Lucero. En un momento del registro, le entregan un teléfono celular a la exfuncionaria.
El registro corresponde al 16 de septiembre, casi un mes después de que el juez de Garantía N° 4, Santiago Ortiz, dictara la prisión preventiva de Lucero en la causa conocida como “Molino Fénix”.
La denuncia del Servicio Penitenciario
Mantelli planteó ante el Colegio de Abogados que los profesionales que ingresan al penal para entrevistarse con sus representados no pueden hacerlo con teléfonos celulares.
La restricción, de acuerdo con la presentación, busca preservar la seguridad y el normal funcionamiento del establecimiento penitenciario, además de evitar que los dispositivos interfieran con la labor de los abogados dentro del penal.
El video difundido forma parte de esa presentación y muestra el momento en que los abogados entregan el teléfono a Lucero durante la entrevista.
La difusión de las imágenes se produjo horas después de que los defensores de la exdiputada denunciaran las condiciones de su detención.
La denuncia de los abogados de Lucero
Los abogados de Lucero habían cuestionado una sanción aplicada a la detenida después de que solicitara asistencia médica tras sufrir un golpe en el pecho durante una actividad dentro del penal.
Además, Bustos denunció que la exfuncionaria permanece bajo vigilancia mediante cámaras durante las 24 horas y afirmó que dentro del Servicio Penitenciario la consideran “Código Rojo”, una clasificación que, de acuerdo con su relato, implica un nivel de custodia especial.
El abogado también sostuvo que el personal penitenciario no habría cumplido de inmediato una autorización judicial para realizarle distintos controles médicos y permitirle una entrevista con su médico de cabecera.
