Sandra Pettovello anunció una denuncia penal contra estudiantes tras la protesta realizada en la sede de la Secretaría de Educación, en el Palacio Pizzurno, en medio de un conflicto creciente por los reclamos del sector universitario. La ministra de Capital Humano respaldó la decisión del Gobierno de avanzar judicialmente para determinar responsabilidades por los hechos ocurridos durante la manifestación.
Pettovello endureció su postura frente a la protesta estudiantil
La protesta comenzó con una sentada frente al histórico Palacio Pizzurno y luego derivó en el ingreso de manifestantes al edificio donde funciona la Secretaría de Educación. Los estudiantes reclamaban mejoras presupuestarias y salariales, además de garantías sobre los recursos destinados al funcionamiento de las universidades públicas.
Según informó el Ministerio de Capital Humano, cientos de estudiantes de distintas universidades participaron de la movilización y permanecieron en el lugar como parte de la medida de protesta.
En ese contexto, Sandra Pettovello expresó su posición a través de las redes sociales con un mensaje contundente: “Por la fuerza, nada”. La frase marcó la postura del Gobierno frente a la ocupación del edificio público.
El Gobierno prepara una denuncia penal
Luego de los incidentes, el Ministerio de Capital Humano comunicó que presentará una denuncia judicial para investigar lo ocurrido durante la protesta.
La cartera encabezada por Pettovello sostuvo que la manifestación provocó daños en el patrimonio público y calificó el episodio como una “toma violenta”. El Gobierno buscará que la Justicia determine si existieron responsabilidades individuales por los hechos registrados en la sede educativa.
La recuperación de las instalaciones contó con la intervención coordinada del Ministerio de Seguridad de la Nación y efectivos de la Policía Federal Argentina.
Reclamos universitarios y mayor tensión con el Gobierno
La protesta se produjo en un escenario de creciente tensión entre las organizaciones estudiantiles y el Ejecutivo nacional por el financiamiento de las universidades públicas.
Los manifestantes reclaman mayores recursos para las instituciones y mejoras en las condiciones salariales. Del otro lado, el Gobierno cuestiona las modalidades de protesta que incluyen la ocupación de edificios públicos.
Desde Capital Humano remarcaron que el derecho a manifestarse debe desarrollarse dentro del marco legal y rechazaron el uso de la violencia, la intimidación o los daños contra bienes del Estado.
Qué puede pasar ahora
Con el anuncio de la denuncia penal, el conflicto podría trasladarse al ámbito judicial. La investigación deberá establecer qué ocurrió durante la protesta, si hubo daños materiales y quiénes podrían resultar responsables.
El episodio suma un nuevo capítulo a la disputa entre el Gobierno y el sector universitario, mientras continúan los reclamos vinculados con el presupuesto y el funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior.
