La decisión del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, de autorizar la venta de un terreno ubicado en la Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno, desató una fuerte polémica política y ambiental. El decreto 915/26 habilita una operación inmobiliaria a favor de una empresa vinculada a capitales de Dubai y abre la puerta a un emprendimiento turístico con 24 ecocabañas y tres senderos en las inmediaciones de El Calafate.
Claudio Vidal autorizó una excepción para vender tierras protegidas
La medida establece una excepción a la normativa provincial vigente desde 2017, que prohíbe la venta de terrenos a extranjeros dentro de áreas protegidas.
A través del decreto 915/26, firmado el 1 de septiembre, el Gobierno santacruceño habilitó a la firma Lacustre del Sud SA a transferir el inmueble a ASB Hospitality Calafate SAU. La autorización tiene carácter excepcional y alcanza exclusivamente a esta operación.
La decisión generó cuestionamientos debido a la relevancia ambiental del territorio involucrado y a las restricciones que históricamente protegieron esa zona de la provincia.
Una empresa vinculada a Dubai está detrás del proyecto
Uno de los aspectos que despertó mayor atención es el origen de la sociedad que adquirirá las tierras.
ASB Hospitality Calafate SAU se constituyó el 27 de julio y quedó registrada como una sociedad anónima unipersonal. Su único accionista es ASB Hospitality LLC, una compañía inscripta en Dubai en 2018.
Según los datos publicados en el Boletín Oficial, la firma cuenta con un capital de 30 millones de acciones de un peso cada una y tiene domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires.
Entre sus actividades comerciales figuran los negocios hoteleros, turísticos e inmobiliarios.
Qué proyecto turístico planean desarrollar frente al Perito Moreno
La iniciativa contempla la construcción de 24 ecocabañas y tres circuitos de senderismo en las cercanías de El Calafate.
El emprendimiento vuelve a poner en discusión los límites entre el desarrollo turístico y la conservación ambiental en uno de los territorios naturales más importantes de la Patagonia.
La posibilidad de habilitar alojamiento y nuevas actividades dentro de un sector próximo al glaciar Perito Moreno también reavivó un debate histórico sobre la protección de la Península de Magallanes.
Rechazo político, empresarial y ambiental
La autorización provocó malestar entre representantes políticos, vecinos y organizaciones ambientalistas. Uno de los cuestionamientos centrales apunta a la falta de información pública sobre el alcance de la operación y las características definitivas del emprendimiento.
El intendente de El Calafate, Javier Belloni, manifestó su preocupación por la situación y aseguró que la decisión tomó por sorpresa a las autoridades locales.
También cuestionó que no exista claridad sobre el destino de las tierras y las actividades que se desarrollarán en el lugar.
Por su parte, Ángel Serra, integrante de la Asamblea de Vecinos de Calafate, expresó inquietud por la excepción a la legislación ambiental y por las condiciones en las que se autorizó la operación.
Los sectores empresariales y turísticos también reclamaron precisiones y plantearon la necesidad de preservar las condiciones naturales de la península.
En paralelo, el Concejo Deliberante de El Calafate cuestionó que la comunidad no haya tenido oportunidad de participar en la discusión del proyecto.
La Legislatura pidió acceder al expediente
La controversia llegó también al ámbito legislativo provincial. La Legislatura de Santa Cruz aprobó por unanimidad un pedido para acceder de manera urgente al expediente de la operación.
Algunos diputados señalaron que conocieron la decisión a través de los medios de comunicación y no mediante una comunicación institucional previa.
El reclamo busca conocer los fundamentos de la excepción, las condiciones de la transferencia y los detalles del proyecto turístico que se pretende desarrollar.
Un conflicto que pone en discusión la protección ambiental
La venta de tierras en la Península de Magallanes abre un nuevo frente de conflicto en Santa Cruz. La excepción a una normativa que lleva años vigente, la participación de una sociedad vinculada a Dubai y la falta de precisiones sobre el emprendimiento alimentan los cuestionamientos.
Mientras crecen los pedidos de explicaciones, el caso vuelve a instalar una discusión central para la Patagonia: cómo compatibilizar las inversiones turísticas con la protección de áreas naturales de enorme valor ambiental.
