Una mujer fue imputada por el delito de corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años, en el marco de una investigación por presuntas conductas que habrían afectado el desarrollo psicosexual de su hija. La jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, tuvo por formulados los cargos y dispuso medidas de coerción durante 120 días.
Según informó la Fiscalía de Género Nº 1, los hechos denunciados habrían comenzado cuando la adolescente tenía 12 años. La mujer habría expuesto reiteradamente a su hija a conversaciones, imágenes y situaciones de contenido sexual adulto, mientras se encontraba bajo su cuidado.
La fiscal adjunta Marisol Boschi sostuvo que estas conductas se habrían producido de manera reiterada y que la madre, quien tenía la responsabilidad de proteger a la adolescente, habría promovido una exposición prematura a contenidos y comportamientos propios de la sexualidad adulta.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el padre de la adolescente. Entre las evidencias reunidas se encuentran su declaración, el testimonio de la niña mediante Cámara Gesell y un informe psicológico elaborado a partir de esa intervención.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, el informe psicológico consideró que el relato de la adolescente presentaba características compatibles con una memoria autobiográfica y criterios suficientes de credibilidad narrativa. Además, identificó indicadores de malestar emocional, tristeza y preocupación por conflictos familiares.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que la imputada se presentara mensualmente a firmar el libro de imputados y que tuviera prohibido salir de la provincia durante 120 días. Por su parte, la Defensoría de Niñez y Adolescencia Nº 2 acompañó la acusación y pidió una prohibición de acercamiento de la madre hacia su hija por 60 días. La querella, en representación del padre, solicitó extender esa restricción a otra hija de la mujer, de 10 años.
En tanto, el defensor Oficial en lo Penal Nº 1, Carlos Salazar, cuestionó la hipótesis fiscal y sostuvo que existía un conflicto familiar que debía profundizarse durante la investigación. Si bien no se opuso a las medidas de coerción, rechazó las restricciones de acercamiento al considerar que debían resolverse en el fuero de Familia. Cabe señalar que ambas niñas se encuentran actualmente bajo el cuidado de su padre.
