La oposición a la minería del oro continúa expandiéndose en distintas regiones de Bolivia. En los últimos meses, los municipios de Palos Blancos, Alto Beni, San Buenaventura, Rurrenabaque y Caranavi aprobaron leyes municipales que declaran sus territorios libres de actividad minera aurífera.
Las autoridades locales y diversos sectores sociales impulsan estas medidas con el objetivo de prevenir la contaminación de ríos y fuentes de agua, preservar actividades económicas tradicionales y proteger ecosistemas de gran valor ambiental.
La iniciativa representa uno de los movimientos institucionales más significativos contra el avance de la minería en la Amazonía boliviana.
Los municipios de Palos Blancos y Alto Beni lograron dar un paso adicional al conseguir que sus normativas fueran aprobadas por la Cámara de Diputados.
Ahora esperan el tratamiento correspondiente en el Senado para obtener un reconocimiento de alcance nacional.
El proyecto establece la prohibición de realizar actividades mineras dentro de ambas jurisdicciones y también impide la tramitación y otorgamiento de nuevas autorizaciones o derechos destinados a desarrollar operaciones extractivas.
Además, asigna responsabilidades de control tanto al Poder Ejecutivo como a los gobiernos municipales para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Uno de los principales argumentos de los impulsores de estas leyes es la protección del modelo de desarrollo local.
La propuesta sostiene que los municipios deben preservar su vocación agroecológica, agrícola y ecoturística, evitando actividades que puedan afectar la calidad del agua, los suelos o los ecosistemas de los cuales dependen numerosas comunidades.
Los promotores aseguran que estas actividades constituyen una base estratégica para la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y el desarrollo sostenible de la región.
El ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón, sostuvo que la declaración de municipios libres de minería carece de validez jurídica porque la actividad minera es una competencia que corresponde al Estado central.
Según el funcionario, las autoridades locales no pueden impedir por sí mismas el desarrollo de actividades extractivas autorizadas por la legislación nacional.
Este planteo abrió un debate sobre los límites de las autonomías municipales y la capacidad de los gobiernos locales para decidir sobre el uso de los recursos naturales presentes en sus territorios.
Comunidades recuerdan rechazos previos a la minería
Desde las localidades involucradas sostienen que la oposición a la minería no es un fenómeno reciente.
El alcalde de Palos Blancos recordó que años atrás se promovió el desarrollo de proyectos mineros en la zona, pero que la población manifestó reiteradamente su rechazo a través de cabildos y mecanismos de participación ciudadana.
Según las autoridades locales, la decisión de impedir nuevas explotaciones refleja una demanda social consolidada y respaldada por distintos sectores comunitarios.
municipios de la Amazonía boliviana se declaran libres de minería
La lucha por ser libres de minería en Bolivia avanza con nuevas leyes que buscan preservar el medio ambiente y la economía local.
En la región de Los Yungas, en el departamento de La Paz, crecen los reclamos para proteger los recursos hídricos frente al avance de explotaciones auríferas.
Municipios como Coripata, Coroico y La Asunta registran movilizaciones, pedidos formales a las autoridades y manifestaciones públicas para exigir mayores controles sobre la actividad extractiva.
La principal preocupación de vecinos y productores es el posible impacto sobre ríos utilizados para consumo humano, agricultura y actividades económicas locales.
La Asunta protagonizó uno de los conflictos más graves
Uno de los casos más tensos se produjo en La Asunta, donde la explotación de oro en las márgenes del río Boopi desencadenó fuertes conflictos sociales durante 2026.
Habitantes de la región protestaron contra operaciones mineras que, según denunciaron, estaban provocando daños ambientales en cursos de agua y áreas productivas.
Las manifestaciones incluyeron la ocupación de campamentos, enfrentamientos con grupos vinculados a la actividad minera y la quema de maquinaria pesada.
Posteriormente, un cabildo local aprobó una serie de medidas que incluyeron la declaración de emergencia municipal, exigencias de una política de «cero minería» y demandas de reparación por los daños ambientales denunciados.
En distintas localidades bolivianas, la defensa de las fuentes de agua aparece como el principal argumento de quienes rechazan la expansión minera.
En Coripata, por ejemplo, vecinos se movilizaron hasta la alcaldía para exigir acciones concretas frente a la contaminación atribuida a actividades extractivas.
Fuente: Noticias Ambientales
