El exintendente de Cortaderas, Mario Canali, desistió este jueves del juicio abreviado que había acordado con la Fiscalía en la causa por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a obras en dependencias policiales. Durante una audiencia ante la jueza de Garantía N.º 4, Luciana Banó, sostuvo que había firmado el documento sin comprender que implicaba reconocer su responsabilidad penal y negó haber cometido los delitos que se le imputan.
La audiencia tenía como objetivo presentar y homologar el acuerdo, que habría permitido cerrar el proceso penal respecto de Canali mientras la investigación continuaba para los otros cuatro imputados. Sin embargo, el trámite quedó sin efecto cuando el exfuncionario, con un nuevo abogado defensor, decidió no ratificarlo.
El nuevo defensor, Iván Cali Velazco, cuestionó las condiciones en las que Canali había firmado el acuerdo. Sostuvo que su anterior representación legal no le explicó de manera suficiente las consecuencias jurídicas del procedimiento y consideró que la voluntad de su defendido estaba viciada.
“Entendemos que esta propuesta de juicio abreviado se encuentra, de algún modo, viciada en la voluntad de mi defendido”, afirmó el abogado. También anticipó que incorporará a la causa mensajes de WhatsApp que, a su entender, respaldan lo expuesto durante la audiencia.
El acuerdo que Canali decidió no ratificar
Cali Velazco explicó que, en un primer momento, se había planteado la posibilidad de acceder a una suspensión de juicio a prueba. En ese contexto, Canali comenzó a realizar tareas comunitarias en el Club Juventud de Cortaderas, donde durante un mes se ocupó de regar las plantas y recoger residuos de la cancha.
Sin embargo, el abogado indicó que luego le comunicaron que esa alternativa no era viable por la condición de funcionario público de su defendido y le propusieron avanzar con un juicio abreviado.
De acuerdo con su exposición, le enviaron el documento por medios digitales y Canali recibió pedidos insistentes para firmarlo antes de que terminara octubre. El defensor cuestionó la escasa comunicación que habría existido con la representación anterior y sostuvo que el exintendente no comprendió los alcances de lo que estaba suscribiendo.
Al tomar la palabra, Canali confirmó que había aceptado inicialmente la propuesta, aunque manifestó que no entendía por qué debía reconocer delitos que, afirma, no cometió.
También explicó que uno de los motivos que más le interesaban al aceptar el acuerdo era recuperar la posibilidad de salir de la provincia para visitar a su familia. Durante la audiencia se enteró de que esa restricción ya había sido levantada. Tras conversar con su hija y consultar con su nuevo abogado, decidió no ratificar el documento.
Las medidas que siguen vigentes
Durante la audiencia, la jueza Banó aclaró que Canali ya no tiene prohibido salir de San Luis ni debe presentarse periódicamente a firmar en Fiscalía. La magistrada explicó que el viernes anterior había rechazado las medidas de coerción personal para los imputados y mantenido únicamente la inhibición general de bienes.
Para fundamentar esa decisión, señaló que los investigados habían respondido a los requerimientos judiciales y no habían intentado incumplir las restricciones que estaban vigentes.
“Usted puede salir de la provincia”, le aclaró la jueza al exintendente, quien manifestó que desconocía esa resolución y que había continuado con las presentaciones hasta el mes pasado.
Banó también explicó que la inhibición general de bienes le impide disponer de sus bienes registrables, aunque no adquirir otros.
Al finalizar, la magistrada tuvo por designado a Cali Velazco como nuevo defensor, tomó nota de las manifestaciones realizadas y tuvo por desistido el acuerdo de juicio abreviado. El proceso penal continuará, por lo tanto, también respecto de Canali.
La causa por las obras en dependencias policiales
La investigación comenzó por presuntas irregularidades en convenios celebrados entre el Ministerio de Seguridad y distintos municipios para refaccionar comisarías, cuarteles de bomberos y otras dependencias policiales.
El 25 de septiembre de 2025, la jueza Banó tuvo por formulados los cargos contra los exministros de Seguridad Luciano Anastasi y Claudio Latini, y los exintendentes Ernesto Alí, de La Toma; Mario Canali, de Cortaderas; y Jeremías Vivas, de San Francisco del Monte de Oro.
La hipótesis de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.º 6 sostiene que durante la gestión de Anastasi se firmaron contratos que contemplaban anticipos de hasta el 40% del costo de las obras. Sin embargo, se habrían realizado desembolsos superiores a los montos pactados sin que se registraran avances o finalizaciones de los trabajos comprometidos.
Luego, durante la gestión de Latini, los contratos habrían sido rescindidos de común acuerdo, con el argumento de la inestabilidad económica y la crisis inflacionaria, pese a que ya se habían transferido fondos públicos.
En ese expediente, Canali fue imputado como coautor de fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.
La defensa de Canali
Durante la audiencia de este jueves, el exintendente también se refirió a las obras en la comisaría de Cortaderas. Sostuvo que durante su gestión se amplió el edificio, que contaba con dormitorios, baños, sala de estar, cocina, oficinas de atención al público y un calabozo. “Yo hice con lo que me dieron y amplié la comisaría”, afirmó.
Además, dijo que el municipio aportó materiales y recursos propios para algunos trabajos y que, al finalizar su gestión, quedaron materiales destinados a completar los pisos de la dependencia.
Desde el inicio de la causa, las defensas de los exfuncionarios cuestionaron la hipótesis de la Fiscalía y sostuvieron que los hechos investigados corresponden a cuestiones contractuales y administrativas, sin que existieran maniobras fraudulentas.
