El Juzgado de Garantía N°3 de San Luis ratificó este viernes los cargos contra seis personas imputadas por defraudación y fraude a la administración pública.
Los acusados no podrán salir de la provincia sin autorización, deberán presentarse cada quince días en fiscalía y deberán pagar una caución real de cinco millones de pesos cada uno.
Rechazo al pedido de prisión preventiva
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva por cuatro meses, argumentaron que por peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. La querella adhirió al pedido.
La jueza Antonela Panero consideró que la prisión preventiva es una medida de último recurso. Sostuvo que los imputados tienen domicilio fijo y arraigo, por lo que dispuso medidas menos gravosas.
Medidas impuestas
Además de la caución, el tribunal ordenó la obligación de presentarse a firmar y la prohibición de salir de San Luis. Si no cumplen, se aplicará la prisión preventiva.
El Ministerio Público Fiscal, representado por las doctoras Daniela Torres y Mariana Olguín, dejó asentada su reserva para revisar esta decisión.
La maniobra: transferencia de más de 500 millones
La investigación se inició tras una denuncia del tesorero del gobierno provincial. El 6 de mayo, se transfirieron más de $510 millones desde una cuenta oficial a nombre de Verónica Acosta.
La Tesorería detectó la maniobra, congeló la cuenta e hizo un reverso por $465 millones. Aun así, quedaron más de $44 millones que fueron transferidos a otras cuentas, utilizadas para compras y pagos.
Distribución de fondos y nuevos indicios
Las transacciones se hicieron desde cuentas judiciales destinadas al cobro de cuotas alimentarias. En menos de 10 minutos se realizaron 12 transferencias. En 24 horas, más de 60.
Según la Fiscalía, los imputados usaron dispositivos electrónicos y billeteras virtuales. Algunas transferencias fueron a personas de otras provincias.
El dinero pertenecía a partidas presupuestarias destinadas a empleados públicos. Aún resta peritar teléfonos, identificar destinatarios y recuperar fondos no reintegrados.
Defensas y posturas enfrentadas
La defensa reconoció los gastos pero negó la existencia de un delito penal. Planteó que no hubo engaño ni intención de fraude, y propuso una salida alternativa con tareas comunitarias.
Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que existió un ardid y una estructura organizada para desviar el dinero. La querella agregó que hubo división de roles y riesgo de ocultamiento.
