El martes se cumplen 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Medio siglo. El número, redondo y solemne, empuja a la tentación del archivo, de la efeméride, de la reconstrucción histórica prolija. Pero esta vez no hace falta escarbar demasiado: la pregunta por la memoria no está en los documentos sino en la superficie misma del presente.
Porque el aniversario encuentra a la Argentina en medio de una disputa abierta, descarnada, por el sentido de ese pasado. Una batalla cultural que ya no se da en los márgenes ni en voces aisladas, sino desde el corazón mismo del Estado. Por primera vez desde 1983, el discurso oficial no sólo cuestiona consensos construidos durante décadas, sino que los relativiza, los tensiona y, en algunos casos, directamente los desacraliza.
Organismos de derechos humanos marchan unidos y cuestionan al Gobierno
No es un fenómeno espontáneo ni una excentricidad retórica. Es una estrategia. El Gobierno decidió profundizar una segunda etapa en su agenda sobre derechos humanos, con eje en disputar el sentido de la memoria histórica. No se trata de indultos ni de medidas judiciales —al menos por ahora—, sino de algo más profundo y menos visible: la construcción de un nuevo marco interpretativo sobre los años setenta.
Ahí es donde la discusión se vuelve incómoda, porque obliga a salir de la zona de confort. La memoria nunca fue un terreno neutro. Nunca fue, tampoco, una narración cerrada. Como señala Pilar Calveiro, la memoria no es el pasado en sí mismo, sino su evocación desde un presente determinado y en función de un proyecto de futuro. Es, en esencia, una construcción política.
En esa misma línea, no hay un relato definitivo. Lo que hay es una disputa entre versiones en pugna, atravesadas por intereses, identidades y proyectos. Durante años, una de esas versiones logró consolidarse como dominante. Hoy, ese predominio está en discusión.
El llamado “Pacto del Nunca Más” funcionó como uno de los pilares de la democracia recuperada. Un acuerdo implícito —y también práctico— sobre ciertos límites: la violencia política como herramienta quedaba descartada, los derechos humanos se convertían en un consenso transversal, y la institucionalidad democrática pasaba a ser el único terreno legítimo de disputa.
Fuente: Ambito
