La Justicia formuló cargos contra Sergio Moreyra, exintendente comisionado de Nueva Galia entre 2015 y 2023, por el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública. La investigación apunta a determinar qué ocurrió con las rendiciones de cuentas y la documentación respaldatoria de fondos públicos asignados al municipio.
La acusación contra Moreyra
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que los hechos investigados se produjeron durante los dos períodos en los que Moreyra, actual senador provincial por Dupuy, estuvo al frente de la comuna: 2015-2019 y 2019-2023.
La Fiscalía investiga la presunta omisión de presentar las rendiciones de cuentas obligatorias y la documentación que debía respaldar el destino de los fondos públicos recibidos por el municipio.
La fiscal Andrea Court planteó que esa falta de rendición habría provocado un perjuicio a la administración pública provincial y sostuvo que también se habrían incumplido obligaciones establecidas por la Constitución de San Luis, la Ley de Intendentes Comisionados, la Ley de Contabilidad, Administración y Control Público y la normativa vinculada al Tribunal de Cuentas.
La acusación deberá ser corroborada durante la investigación penal preparatoria. La formulación de cargos no implica una declaración de culpabilidad.
La Fiscalía de Estado adhirió a la acusación
La Fiscalía de Estado, que intervino como querellante, adhirió a la teoría planteada por el Ministerio Público Fiscal.
El abogado Flavio Ávila sostuvo que se acreditó que los fondos fueron recibidos, pero que no fueron rendidos ni se explicó cuál fue su destino.
La defensa de Moreyra, a cargo del abogado Gustavo Correa, hizo reserva de plantear excepciones en los términos del artículo 120 del Código Procesal Penal.
Correa cuestionó el planteo fiscal y afirmó que los períodos mencionados “están rendidos y gestionados”. También señaló que existen acuerdos mediante los cuales se estaría descontando el dinero involucrado.
La Justicia habilitó la investigación
La jueza de Garantía Nº 3, Natalia Pereyra Cardini, tuvo presente la reserva formulada por la defensa y consideró que, por las características de la etapa procesal, las evidencias mencionadas y la existencia de los requisitos mínimos, correspondía admitir los cargos e iniciar la investigación penal preparatoria.
La magistrada instó a la Fiscalía a incorporar las evidencias ofrecidas tanto por la Querella como por la Defensa y pidió que, en la medida de lo posible, se trabaje en una solución al conflicto.
En caso de no alcanzar una salida alternativa, el proceso continuará con las distintas etapas previstas por la Justicia.
En la audiencia también intervino el secretario Ignacio Esquerre Delaunay. Por el Ministerio Público Fiscal participó Andrea Court; por la Fiscalía de Estado, en carácter de querellante, Flavio Ávila; y por la defensa de Moreyra, Gustavo Correa.
