La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanza esta semana en los tribunales de Comodoro Py, donde cuatro mujeres vinculadas a operaciones inmobiliarias deberán prestar declaración. La causa, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar el origen de los fondos utilizados en la compra de propiedades en la Ciudad de Buenos Aires.
Quiénes declararán y por qué
Las primeras en presentarse serán Graciela Isabel Molina y su hija Victoria María José Cancio, quienes están citadas para el lunes 13 de abril. Ambas figuran como prestamistas en una hipoteca de 100 mil dólares vinculada a un departamento ubicado en Parque Chacabuco.
Dos días después, el miércoles 15, será el turno de Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, jubiladas que aparecen como vendedoras y acreedoras en la adquisición de otro inmueble en el barrio de Caballito.
Detalles de las operaciones investigadas
Préstamo para el departamento en Parque Chacabuco
Molina, excomisaria inspectora de la Policía Federal, y su hija, oficial en actividad, habrían aportado los fondos para un préstamo privado destinado a la compra de un departamento sobre avenida Asamblea.
Según consta en la documentación, el monto total fue de 100 mil dólares, con un aporte mayoritario de la madre. La operación fue formalizada en noviembre de 2024 y figura en la declaración jurada del funcionario.
La hipótesis judicial apunta a que ese financiamiento podría haber sido utilizado para solventar la compra de otra propiedad en un country del conurbano bonaerense.
Compra del inmueble en Caballito
En paralelo, la Justicia analiza la adquisición de un departamento de casi 200 metros cuadrados en Caballito. La propiedad fue comprada inicialmente por Viegas y Sbabo en 2025 por 200 mil dólares y vendida meses después a Adorni y su esposa por 230 mil.
La operación incluyó una hipoteca privada de 200 mil dólares sin interés, lo que implicó un pago inicial reducido por parte de los compradores.
Ambas mujeres negaron conocer al funcionario o haberle otorgado financiamiento, lo que genera dudas en el expediente.
Medidas judiciales y avance de la causa
El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal, lo que permitió a la Justicia solicitar información patrimonial, económica y tributaria a ARCA.
Además, las cuatro mujeres deberán facilitar el acceso a sus teléfonos celulares, con el objetivo de analizar posibles comunicaciones que aporten pruebas sobre las operaciones investigadas.
Qué busca determinar la Justicia
El foco de la causa está puesto en verificar si las transacciones inmobiliarias y los préstamos declarados son consistentes con la capacidad económica de las personas involucradas.
Los investigadores intentan establecer si existieron mecanismos irregulares para justificar el origen de los fondos utilizados por el jefe de Gabinete.
