Diego Hurtado de Mendoza, exvicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), dijo que la privatización de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) «no tiene ningún sentido». Agregó que el retroceso en el plan nuclear argentino corresponde a “una mirada neoliberal berreta” de la administración libertaria.
El Gobierno de Javier Milei publicó esta semana el decreto que habilita la venta del 44% del paquete accionario de la empresa que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. Estas centrales generan el 7,5% de la electricidad del país.
Hurtado señaló que la venta del 44% de la compañía solo se explica porque el FMI presiona para que la reducción del déficit vaya acompañada de la privatización de empresas. Sostuvo: “No tiene el más mínimo sentido desde lo político”.
Por qué el Estado debe mantener el control de Nucleoeléctrica
La sociedad Nucleoeléctrica se creó en 1994, con el objetivo de reorganizar las funciones que hasta ese momento dependían de la CNEA. El científico recordó que la idea original del Gobierno de ese momento era privatizarla, pero ese proceso se detuvo y luego quedó en manos del Estado.
De acuerdo al Decreto, del 100% de la empresa, 51% quedaría en manos del Estado y el 5% restante destinado a los trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada.
Hurtado especificó que la energía que genera NA-SA se incorpora al sistema interconectado nacional, la adquiere CAMMESA para su distribución, y la empresa “es superavitaria”.
Consideró que su permanencia en manos del Estado “es muy conveniente para la Argentina, porque el costo de venta de las productoras después van a las tarifas; no solo garantiza seguridad energética”.
El exsecretario de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación remarcó que la empresa no solo se encarga de “operar y mantener” las centrales, sino que también gestiona proyectos tecnológicos complejos y favorece la creación de empleo.
El proceso de licitación y los antecedentes
El decreto de privatización establece un llamado a licitación pública de alcance nacional e internacional. El texto establece que el Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, dictará las normas operativas necesarias para llevar adelante el proceso, con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Milei ya había intentado privatizar el 100% de NA-SA en la Ley Bases, pero la oposición logró bajar ese porcentaje al 49%.
