La Justicia federal allanó las oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, en una causa que investiga la provisión de alimentos en mal estado a internos del penal de Ezeiza. El procedimiento fue ordenado por el juez Federico Villena y apunta a posibles irregularidades en licitaciones y maniobras de cartelización con empresas proveedoras.
Investigación judicial por alimentos en mal estado en cárceles federales
El allanamiento al director del Servicio Penitenciario Federal
El juez federal Federico Villena dispuso el allanamiento de las oficinas de Fernando Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal desde 2024, en el marco de una causa que analiza presuntos vínculos con empresas que habrían suministrado comida no apta para el consumo en el penal de Ezeiza.
El operativo se llevó a cabo el viernes y forma parte de una investigación más amplia sobre deficiencias en las raciones alimentarias y posibles irregularidades en los procesos de licitación dentro del sistema penitenciario federal.
Un episodio que encendió alertas en la Justicia
Durante el procedimiento, Martínez entregó a los agentes un teléfono celular que no sería el que utilizaba habitualmente. Además, aseguró haber extraviado su dispositivo de uso diario esa misma mañana, una situación que generó sospechas inmediatas entre los investigadores.
Peritajes posteriores indicaron que el teléfono presuntamente perdido registró actividad apenas una hora antes del allanamiento en el barrio porteño de Barracas. Para los investigadores, este dato abre la hipótesis de una posible filtración previa del operativo judicial.
Presunta cartelización y facturaciones cruzadas
La causa apunta a una presunta maniobra de cartelización en el suministro de alimentos. Según la investigación, la empresa Bio Limp —actual proveedora y sin antecedentes en el rubro alimentario— habría operado como una firma pantalla de Foodrush, compañía sancionada anteriormente por entregar comida con niveles de Escherichia coli superiores a los permitidos.
El propio juez Villena constató la precariedad del servicio durante una visita al penal de Ezeiza, donde habría calificado los alimentos como de muy mala calidad. Además, se detectaron vínculos operativos entre ambas firmas, como el uso compartido de camiones, personal y facturaciones cruzadas por un monto cercano a los $150.000.000.
Nuevos elementos que agravan la investigación
A la investigación se sumó la información de que el director del SPF se movilizaba en un vehículo registrado a nombre de Enrique “Quique” Antequera, un prófugo vinculado a la feria La Salada. Este dato fortaleció las sospechas sobre posibles nexos irregulares.
Pese a pedidos de nulidad presentados por la fiscalía, el juez Villena ratificó la continuidad del expediente. Además, confirmó que cuenta con el respaldo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para avanzar con las medidas judiciales.
