La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituyó las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas en todo el país. La decisión fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, en cumplimiento de una orden judicial que amplió un amparo colectivo iniciado en Catamarca.
La medida se formalizó a través de la Resolución 13901/2025, donde la ANDIS ordena restablecer de inmediato los pagos suspendidos, reintegrar los montos adeudados y detener nuevas auditorías o bajas hasta que exista una sentencia definitiva.
El fallo que dio origen a esta disposición fue emitido por el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, que dispuso un plazo de 24 horas para reactivar todas las pensiones afectadas. Además, estableció que los pagos deberán acreditarse según el calendario habitual de ANSES.
Un amparo colectivo que alcanzó a todo el país
La acción judicial fue impulsada por el Defensor del Pueblo de Catamarca, junto a organizaciones de personas con discapacidad y entidades de derechos humanos, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
El recurso se presentó frente a las suspensiones derivadas del Decreto 843/2024, que había generado preocupación y denuncias por presunta vulneración de derechos.
Según el fallo, las auditorías aplicadas por la ANDIS con el fin de “verificar condiciones de acceso” derivaron en bajas masivas que afectaron a beneficiarios que cumplían con los requisitos legales.
Qué cambia con la nueva resolución
La Resolución 13901/2025 establece tres medidas centrales:
- Reactivar todas las pensiones suspendidas por invalidez laboral.
- Reintegrar los haberes retenidos durante las auditorías.
- Detener nuevas revisiones mientras continúe el proceso judicial.
El texto también ordena garantizar la protección del grupo vulnerable que representan las personas con discapacidad, destacando que el Estado debe asegurar su acompañamiento económico y social.
Las pensiones no contributivas por invalidez laboral están reguladas por la Ley 13.478 y el Decreto 432/1997.
Se otorgan a personas que no pueden trabajar, carecen de ingresos suficientes y no poseen cobertura previsional. Además, son inembargables y su continuidad depende de que persistan las condiciones que justificaron su otorgamiento.
Reacción de las organizaciones sociales
Tras conocerse la medida, diversas organizaciones celebraron la restitución, aunque advirtieron que seguirán monitoreando su cumplimiento.
“El daño ya está hecho para muchas familias que se quedaron sin ingresos esenciales. Ahora lo urgente es que se devuelva cada peso retenido y que no vuelva a ocurrir”, señalaron desde entidades que integran el amparo colectivo.
La decisión judicial llega luego de semanas de reclamos y protestas en distintas provincias, donde se denunciaba la pérdida de ingresos vitales para personas con discapacidad.
