La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) San Luis rechazó de manera formal el proyecto de ley de “Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar” enviado por el gobernador Claudio Poggi a la Legislatura y sostuvo que la iniciativa no resuelve el problema de fondo: la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores estatales.
En un documento presentado ante la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía de la Cámara de Diputados, el gremio cuestionó que el proyecto contemple beneficios fiscales para bancos y entidades financieras mientras propone refinanciar las deudas de las familias.
Para ATE, “no existe un verdadero proceso de desendeudamiento si los ingresos siguen perdiendo frente al costo de vida”. El sindicato planteó que refinanciar una deuda, extender sus plazos o cambiar de acreedor no implica necesariamente reducir el nivel de endeudamiento de una familia.
El proyecto del Ejecutivo propone que las entidades financieras adheridas ofrezcan mejores condiciones de refinanciación a personas con deudas en mora, a cambio de beneficios fiscales. Entre las alternativas previstas aparecen la reducción de tasas, quitas de intereses y extensión de los plazos.
ATE cuestiona la evolución de los salarios
El documento presentado por el gremio compara la evolución de los salarios estatales con la inflación desde diciembre de 2023.
De acuerdo con el relevamiento realizado por ATE, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación acumulada en San Luis llegó al 239,62%, mientras que los aumentos salariales acumulados alcanzaron el 150,71%.
El sindicato también señaló que algunos componentes de la canasta familiar tuvieron incrementos superiores: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registraron una suba del 530,6%; educación, del 420,8%; transporte y movilidad, del 274%; y bienes y servicios varios, del 283,9%.
ATE sostuvo que esa diferencia entre precios e ingresos redujo la capacidad de compra de los trabajadores y contribuyó al crecimiento del endeudamiento.
El documento también vincula el inicio de ese proceso con el desdoblamiento del pago de los salarios estatales dispuesto a fines de 2023. El gremio plantea que cobrar los haberes en dos partes pudo llevar a familias a recurrir a tarjetas de crédito, descubiertos y préstamos para afrontar gastos básicos.
“Desendeudar no es prestar más”
Uno de los principales argumentos del escrito es que la refinanciación no garantiza por sí misma una reducción de la deuda.
ATE plantea que una familia que debe $1 millón y toma otro préstamo por el mismo monto para cancelar el anterior no necesariamente se desendeudó, porque reemplazó una obligación por otra y puede terminar pagando más por los intereses.
Por eso, el gremio sostiene que cualquier programa de desendeudamiento debería reducir el monto total adeudado y evitar que las familias vuelvan a tomar créditos para cubrir sus gastos mensuales.
En ese sentido, cuestionó que el proyecto provincial contemple beneficios fiscales para las entidades financieras. El Gobierno sostiene que esas ventajas buscan incentivar a los bancos y otras entidades a ofrecer mejores condiciones de refinanciación.
ATE considera que esos beneficios deberían eliminarse y propone que el costo financiero de la refinanciación sea absorbido por las entidades o afrontado con fondos provinciales.
El reclamo de ATE: tasa cero y paritarias
Como alternativa, el sindicato pidió establecer un esquema de desendeudamiento a tasa cero para trabajadores de la administración pública provincial y municipal, con congelamiento de intereses y suspensión de remates o ejecuciones bancarias.
También reclamó la apertura inmediata de paritarias y un aumento salarial de emergencia que, de acuerdo con sus propios cálculos, permita compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023.
El gremio además pidió incorporar al salario básico los conceptos que actualmente se pagan como no remunerativos.
ATE ya había reclamado participar del tratamiento legislativo del proyecto. El Ejecutivo, por su parte, presentó la iniciativa como una herramienta para mejorar las condiciones de refinanciación de las familias con mora y reducir el peso de las cuotas sobre sus ingresos.
El debate sobre el proyecto continuará ahora en la Legislatura, donde el oficialismo busca avanzar con su tratamiento durante esta semana.
