La abogada previsionalista María Silvia Rapisarda advirtió que la suba de medicamentos y prestaciones, junto con el retiro del Estado en la fiscalización de precios y coberturas, dejó a jubilados y afiliados sin margen para sostener sus tratamientos de salud.
“El afiliado no lo puede pagar y queda sin cobertura”, afirmó, al señalar que la presentación de amparos “creció de forma sideral” para acceder a servicios básicos de salud.
Impacto en jubilados y afiliados
Rapisarda explicó que los gastos en salud forman parte de la canasta básica y que, al no contar con cobertura, los ingresos de jubilados y trabajadores resultan insuficientes.
“Cuando cobrás una jubilación mínima, no te alcanza”, planteó.
La negativa de las obras sociales a cubrir tratamientos y la falta de asistencia estatal obligan a los afiliados a destinar parte de sus ingresos a medicamentos y prestaciones.
Obras sociales en crisis
La abogada señaló que las obras sociales también atraviesan una situación compleja:
- El Estado dejó de girar fondos para cubrir prestaciones.
- Los costos de medicamentos y servicios aumentaron de manera sostenida.
- Los afiliados quedaron sin cobertura, lo que disparó la judicialización.
Derecho constitucional a la salud
Rapisarda recordó que la Constitución, la legislación y los tratados internacionales garantizan el derecho a la salud como parte de una vida digna, y que las personas pueden exigir su cobertura mediante la justicia.
En primera instancia, el afiliado envía una carta documento con patrocinio jurídico. Si la obra social no responde o rechaza el pedido, la acción se judicializa.
Críticas a la mediación
La Nación habilitó un espacio de mediación llamado Promesa, pero Rapisarda cuestionó su utilidad en temas de salud:
“En cuestiones de salud no se puede hacer una mediación, porque cuando uno va a una mediación tiene que estar dispuesto a hacer concesiones y si necesita 10 medicamentos no puede aceptar 7”, graficó.
