La presidenta Dina Boluarte anunció la elaboración de un proyecto de ley para retirar a Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La medida llega en un contexto de baja popularidad, múltiples denuncias en su contra y crecientes cuestionamientos internacionales.
Desde el retorno a la democracia en 2001, ningún gobierno peruano había confrontado tan directamente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Con apenas un 3% de aprobación y a meses de cumplir tres años en el poder, Dina Boluarte presentó un plan que incluye la redacción de una Ley de Soberanía Nacional que acelere la salida del país del Pacto de San José.
La mandataria justificó la decisión al señalar que la Corte IDH representa una amenaza a la soberanía peruana: “No vamos a permitir que organismos internacionales interfieran en nuestras decisiones. Es hora de que el Perú afirme su derecho a decidir su propio destino”, afirmó durante la ceremonia del Día de la Defensa Nacional, el pasado 27 de agosto.
Investigaciones, allanamientos y denuncias
El anuncio se dio días después de que el Tribunal Constitucional suspendiera todas las investigaciones en curso contra Boluarte hasta 2026. Ese mismo día, la Fiscalía allanó la vivienda de su hermano Nicanor Boluarte por presuntos vínculos con una red criminal encabezada, según las pesquisas, por el ministro de Justicia Juan José Santiváñez.
Actualmente, la presidenta enfrenta nueve denuncias constitucionales que incluyen acusaciones por las muertes en las protestas tras la destitución de Pedro Castillo, encubrimiento de prófugos y presunto favorecimiento de funcionarios regionales.
El Ejecutivo creó un grupo de trabajo para elaborar el proyecto de ley, liderado por el Ministerio de Defensa y con participación de la Cancillería, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Interior. La sociedad civil no tendrá acceso al debate, lo que ha generado críticas de especialistas y organismos de derechos humanos.
Casos de desacato y tensiones acumuladas
Según el portal Ojo Público, Perú ha incumplido 14 fallos de la Corte IDH. Entre los más relevantes figuran la restitución del indulto a Alberto Fujimori en 2023, que vulneró las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como la aprobación de leyes que permiten la prescripción de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002.
Además, el Gobierno ha defendido la reciente ley de amnistía que favorece a militares y policías acusados de violaciones de derechos humanos entre 1980 y 2000, una medida ampliamente cuestionada por organismos internacionales.
Boluarte también ha planteado reformas para instaurar la pena capital en casos de feminicidio, violación de menores y sicariato, pese a que el Pacto de San José solo la admite en casos de traición a la patria.
En paralelo, la presidenta ha estrechado vínculos con figuras vinculadas al pasado autoritario. La presencia del exjefe de inteligencia Juan Rivero Lazo —condenado en 2001 por la masacre de Barrios Altos— en la promulgación de la ley de amnistía despertó la indignación de amplios sectores sociales.
Analistas advierten que la iniciativa busca blindar a Boluarte de futuras responsabilidades judiciales. Según Enfoque Derecho, el retiro de Perú del SIDH sería un “grave retroceso democrático” y afectaría la credibilidad internacional del país.
De concretarse, Perú se sumaría a los únicos dos países que abandonaron el sistema: Trinidad y Tobago y Venezuela.
