Alejandro Cacace, el funcionario de San Luis que ocupa la Secretaría de Desregulación y trabaja bajo la conducción de Federico Sturzenegger, quedó en el centro de una fuerte polémica por la reforma de la ley de semillas. Según publicó La Política Online, el dirigente perdió la paciencia durante una reunión con representantes del sector agropecuario y advirtió que el Gobierno avanzará con la propuesta de las multinacionales, entre ellas Bayer, ante la falta de consenso con los productores.
“Voy a redactar la ley con Bayer, necesitamos insertarnos en el mundo”, habría dicho Cacace a los gritos, de acuerdo con el relato de uno de los participantes del encuentro citado por el medio. La reunión se realizó este miércoles en la Secretaría de Agricultura y terminó sin el acuerdo que el Gobierno buscaba alcanzar entre las empresas semilleras y las entidades rurales.
La discusión tiene como eje una cuestión central para el campo argentino: hasta dónde llega el derecho de los productores a reservar semillas de su propia cosecha para volver a sembrarlas y en qué casos deben pagar regalías a las empresas que desarrollaron las variedades.
Una negociación entre multinacionales y productores
En la reunión participaron representantes de Bayer, Corteva y Syngenta, junto con integrantes de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA). Del otro lado estuvieron las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace: la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria Argentina.
La negociación llevaba varios meses. Aunque Cacace había manifestado semanas atrás que las partes comenzaban a acercar posiciones, los avances debían ser validados por las organizaciones y las empresas involucradas. La falta de consenso terminó por frustrar esa instancia de diálogo.
El conflicto enfrenta intereses económicos distintos. Las compañías semilleras sostienen que necesitan mayores garantías para cobrar por la innovación genética y financiar nuevas investigaciones. Las entidades rurales, por su parte, discuten el alcance de esos derechos y defienden la posibilidad de que los productores reutilicen parte de sus semillas sin afrontar nuevos pagos en todos los casos.
Qué cambia con la ley de semillas
La legislación vigente, la Ley 20.247, reconoce el derecho de los agricultores a reservar y sembrar semillas para su propio uso. Esa figura se conoce como “uso propio” o “excepción del agricultor” y permite utilizar parte de la producción de una campaña como semilla para la siguiente, bajo determinadas condiciones.
El Gobierno pretende modificar el régimen de propiedad intelectual aplicado a las variedades vegetales y avanzar hacia las reglas del Acta UPOV 1991, que amplía la protección de los derechos de los obtentores. La Argentina adhiere actualmente al Acta UPOV de 1978.
Para Cacace, el esquema actual limita el desarrollo de nuevas tecnologías y desalienta las inversiones en investigación. En mayo, el funcionario había estimado que la brecha con otros países por la protección de la propiedad intelectual en semillas le costaba a la Argentina unos 6.000 millones de dólares.
Sin embargo, el debate también pasa por las diferencias entre el uso propio permitido por la ley y la comercialización ilegal de semillas. No toda semilla que un productor reserva para una nueva campaña es ilegal: la normativa contempla esa práctica cuando se cumplen los requisitos establecidos.
El peso de las empresas en el negocio
La disputa no involucra solamente a productores y multinacionales extranjeras. La Argentina cuenta con empresas propias que desarrollaron una posición relevante en el mercado internacional, como el Grupo Don Mario, hoy GDM.
La compañía, nacida en Chacabuco en 1982, se convirtió en un actor importante del negocio de la genética vegetal y compite con las grandes semilleras en distintos mercados. Por eso, la reforma también puede tener consecuencias sobre las empresas nacionales que desarrollan variedades y sobre la distribución de los ingresos que genera esa actividad.
A ese escenario se suma el compromiso asumido por el Gobierno argentino en el marco de un acuerdo comercial con Estados Unidos para reforzar la protección de la propiedad intelectual, con implicancias tanto para el sector farmacéutico como para el de las semillas.
La negociación legislativa todavía enfrenta diferencias entre los sectores involucrados. El episodio protagonizado por Cacace, de confirmarse en los términos publicados por La Política Online, marcaría un cambio en la estrategia oficial: pasar de la búsqueda de un acuerdo entre las partes a avanzar con una propuesta respaldada por las empresas semilleras.
