El juez de Garantía N° 3 de San Luis, Marcos Flores Leyes, resolvió prorrogar por 120 días la prisión preventiva y la investigación penal preparatoria en la causa contra un agente del Servicio Penitenciario Provincial acusado de «corrupción de menores agravada por el vínculo, abuso simple agravado por la convivencia y producción de representaciones de menores con fines sexuales».
La audiencia contó con la intervención de la fiscal de Instrucción Penal Nº 2, Antonella Córdoba, y la fiscal adjunta Mercedes García; la Defensora de Niñez y Adolescencia N° 3, Silvina García, junto a la Defensora Adjunta Belén Suárez; el abogado querellante Sebastián Aravena y el defensor particular Héctor Zabala Agüero.
Material de abuso sexual hallado en dispositivos
Las representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron la prórroga al sostener que aún restan producir medidas probatorias relevantes. Durante la audiencia detallaron que se encuentran pendientes de análisis pericial diversos dispositivos secuestrados en allanamientos: tres pendrives, una tarjeta de memoria y un teléfono celular.
Según expusieron, del análisis realizado hasta el momento sobre uno de los dispositivos surgió material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes de aparente producción local —alrededor de mil imágenes y videos— cuyo volumen requiere un estudio técnico exhaustivo. En ese contexto, remarcaron la necesidad de identificar a las posibles víctimas menores de edad y determinar el alcance del material digital incautado.
Durante la audiencia se mostraron algunas fotografías y videos en los que se observa al imputado junto a niñas menores de edad. La finalidad de esa exhibición fue acreditar la necesidad de un análisis pormenorizado del material secuestrado para individualizar a las presuntas víctimas, algunas de las cuales podrían pertenecer a su entorno cercano.
Riesgo para víctimas no identificadas
Las fiscales sostuvieron que persiste el peligro de entorpecimiento del proceso y el riesgo para las víctimas, al considerar que existe un peligro actual, concreto y elevado para la integridad psíquica y física de niños y niñas que aún no han sido identificados. Asimismo, señalaron que la investigación se desarrolla en un entorno digital, lo que complejiza la pesquisa y demanda mayor tiempo para completar las pericias.
La defensa técnica del imputado se opuso a la prórroga al considerar excesivo el plazo solicitado y entender que no existen riesgos procesales suficientes. Argumentó que los dispositivos ya se encuentran bajo custodia de los peritos y propuso, en subsidio, la aplicación de medidas alternativas menos gravosas, como la prisión domiciliaria con control electrónico.
Los fundamentos del juez
Al resolver, Flores Leyes valoró que la investigación continúa en etapa preparatoria y que resta analizar parte sustancial del material secuestrado, lo que justifica la ampliación del plazo.
Respecto del informe psicológico mencionado por la querella y la defensa, el magistrado señaló que se trata de una evaluación del relato y del estado actual de la niña examinada, pero que la investigación no se limita a esa persona y que podrían existir otras víctimas. En ese sentido, destacó la posible multiplicidad de niños y niñas involucrados y la necesidad de profundizar la investigación para identificarlos.
El juez entendió que la indeterminación de las víctimas no juega a favor del imputado, sino que refuerza la necesidad de cautelar el proceso hasta tanto puedan individualizarse y analizarse integralmente los elementos probatorios. Consideró configurado el riesgo procesal, principalmente en función de la protección de personas menores de edad en situación de vulnerabilidad y de la necesidad de resguardar el desarrollo de la investigación.
En consecuencia, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso la prórroga de la investigación penal preparatoria por 120 días y la prórroga de la prisión preventiva por igual plazo.
La defensa dejó interpuesto recurso de revisión, por lo que las actuaciones se elevarán al Tribunal de Impugnaciones para su análisis.
El inicio de la investigación
La causa se originó el 22 de octubre del 2025 a partir de una denuncia del entonces subdirector general del Servicio Penitenciario Provincial, Juan Carlos Serrano, quien comunicó el hallazgo dos pendrives en las cocheras del Complejo Penitenciario N° 1.
Los dispositivos se remitieron a la Unidad de Abordaje Fiscal ante la presunción inicial de una posible vulneración de la infraestructura digital del organismo. Sin embargo, tras su análisis por parte del Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos, se detectó que contenían material de abuso sexual infantil de aparente producción local, registrado mediante una cámara oculta en una vivienda.
A partir de los registros audiovisuales se logró identificar al presunto autor de los hechos, quien se desempeñaba como agente penitenciario, lo que derivó en su detención y la obtención de otros elementos probatorios.
Las víctimas de los hechos serían la hija y la cuñada del imputado, ambas menores de edad.
