Un grupo de dirigentes, referentes sociales y ciudadanos de San Luis denunció el uso del aparato estatal para montar un show de escarnio contra el exfuncionario Sergio Freixes.
Filmación ilegal en el penal
La madrugada del 29 de noviembre fue grabado el ingreso de Freixes al Servicio Penitenciario Provincial. El video, difundido como “exclusivo”, expuso imágenes tomadas dentro del penal. Para los denunciantes, se trató de una maniobra política destinada a humillar públicamente a un adversario del Gobierno.
Condena tras 20 años
El documento cuestiona el fallo judicial contra Freixes. Afirma que no se trata de justicia sino de un proceso político armado para perseguir. “Un fallo después de 20 años no puede ser justicia”, remarcaron. Señalan que la condena coincide con un clima de hostigamiento y escarnio mediático.
Responsabilidad del Ministerio de Seguridad
La ministra Nancy Sosa fue señalada como responsable directa del control penitenciario. Permitir que un agente filme dentro del penal y difunda el material, sostienen, revela negligencia o complicidad institucional. “No es un error administrativo: es una operación política ejecutada desde adentro del Estado”, advirtieron.
Silencio del gobernador
El gobernador de la provincia tampoco se pronunció ni ordenó investigación. Para los denunciantes, su silencio confirma el uso selectivo del aparato estatal para perseguir opositores. “Su aval por omisión es inaceptable”, remarcaron.
Trato diferencial
El documento subraya que la corte condenó tanto a Freixes como a Mario Zavala, esposo de una ministra del actual Gobierno. Sin embargo, solo se viralizó lo referente a Freixes. “Castigar a un enemigo y proteger a un aliado”, resumieron.
Críticas del fiscal federal
El fiscal federal Cristian Rachid calificó la filmación y difusión como “un despropósito total”. Aclaró que este tipo de exposición no depende de la línea judicial y pidió explicaciones sobre la instrumentación de los procedimientos.
Reclamo final
Los firmantes solicitaron la intervención inmediata del gobernador y una investigación judicial sobre la cadena de responsabilidades en la filtración del video. “Las instituciones no pueden ser herramientas de venganza ni propaganda. San Luis merece un Estado que respete la ley”, concluyeron.
