La Justicia avanza en la megacausa por presunto lavado de dinero vinculado a la criptomoneda Libra. El juez federal Federico De Giorgio ordenó el congelamiento de bienes del creador del activo digital, Hayden Davis, y de dos nuevos operadores identificados en la investigación.
La causa judicial conocida como Caso Libra —una de las investigaciones financieras más relevantes del año en Argentina— sumó un nuevo capítulo. El juez federal Federico De Giorgio dispuso el congelamiento de bienes, cuentas bancarias y activos financieros pertenecientes a Hayden Davis, creador de la criptomoneda, y a dos operadores que hasta ahora no figuraban en el expediente: Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino.
La medida se fundamenta en pruebas obtenidas por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que desde comienzos de 2025 viene rastreando la ruta del dinero vinculado al proyecto Libra, una red de operaciones financieras y criptoactivos con presuntos nexos políticos.
Dos nuevos operadores bajo la lupa judicial
Según reveló la periodista Irina Hauser en el programa QR, conducido por Pablo Caruso en Bravo TV, los investigadores lograron reconstruir cómo se movieron los fondos a través de intermediarios.
- Rodríguez Blanco, ciudadano colombiano, habría administrado una cueva de criptoactivos en Buenos Aires, desde la cual canalizaba dinero hacia cuentas en el exterior.
- Mellino, un jubilado argentino de 75 años, figura como titular de operaciones por más de cinco millones de dólares durante el último año, lo que refuerza la sospecha de que actuaba como testaferro en el esquema financiero.
Estas conexiones permitieron a la justicia comprender mejor el flujo del dinero y los vínculos entre los operadores.
El origen del caso Libra y su impacto político
La investigación comenzó a comienzos de 2025, cuando salió a la luz que Hayden Davis, un desarrollador tecnológico radicado entre Estados Unidos y Uruguay, había lanzado la criptomoneda Libra, promocionada como “una alternativa soberana a los bancos centrales”.
Con el tiempo, la falta de regulación y las denuncias por fraude y estafa derivaron en la creación de la Comisión Libra en la Cámara de Diputados. Este organismo se encarga de investigar la posible vinculación del esquema con aportes a la campaña de La Libertad Avanza.
En ese contexto, la diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria) denunció que “algunos funcionarios y jueces intentaron frenar el avance de las citaciones”, aunque aseguró que la comisión logró reunir documentación clave: transferencias internacionales, contratos de sociedades pantalla y movimientos de billeteras virtuales coincidentes con fechas clave del entorno presidencial.
Entre los datos incorporados al expediente se destacan operaciones registradas entre el 30 y el 31 de enero de 2025, coincidentes con la llegada de Davis al país para el lanzamiento de Libra, y una transferencia del 4 de febrero, el mismo día en que el empresario Mauricio Novelli, también investigado, accedió a sus cajas de seguridad.
De acuerdo con las pruebas, Davis habría inyectado fondos mediante intermediarios, quienes convirtieron los criptoactivos en dinero físico para luego distribuirlo entre operadores financieros y allegados políticos. Rodríguez Blanco habría actuado como canal de conversión, mientras que Mellino figuraba como beneficiario directo de las operaciones sin justificación patrimonial.
Giro judicial y nuevos pasos de la investigación
La decisión de congelar los activos marca un punto de inflexión en el proceso, ya que permite preservar los fondos y avanzar hacia imputaciones por lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación financiera.
El juez De Giorgio también pidió informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para trazar un mapa completo de las operaciones digitales asociadas a Libra.
Mientras tanto, la Comisión Libra presentará su informe final el 18 de noviembre, donde detallará los nombres, los flujos financieros y los posibles vínculos políticos detectados.
“La justicia ya tiene los nombres y las pruebas concretas”, aseguró Hauser. El expediente, aún bajo secreto parcial, podría convertirse en una de las investigaciones financieras y políticas más sensibles del año, al entrelazar el auge de las criptomonedas con posibles maniobras de financiamiento político irregular.
