El gobierno argentino solicitó este martes que la jueza Loretta Preska reconsidere su orden de entregar chats y correos de funcionarios actuales y anteriores, en el marco del litigio por la expropiación de YPF. Argumenta que no tiene acceso a los dispositivos requeridos.
En el marco del juicio por la expropiación de YPF en 2012, el Gobierno argentino pidió a la jueza estadounidense Loretta Preska que revise su reciente orden de entregar comunicaciones privadas de funcionarios actuales y exfuncionarios, entre ellos los ministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa. La solicitud fue presentada tras una audiencia de discovery realizada el 29 de julio en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Chats, correos y dispositivos personales
La magistrada Preska había dispuesto que Argentina entregue mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y otros datos almacenados en dispositivos personales de funcionarios involucrados en la gestión de la petrolera estatal. Sin embargo, el Estado argentino respondió que no puede cumplir con el pedido, ya que no posee ni controla dichos dispositivos, al no formar parte del patrimonio estatal.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro, que argumentó que los teléfonos y cuentas personales pertenecen exclusivamente a los funcionarios, por lo que no están bajo la custodia del Estado. Además, cuestionó la legalidad del pedido bajo las Reglas Federales de Procedimiento Civil.
El Estado no tiene «control práctico» sobre los dispositivos
En el escrito enviado a la jueza Preska, los abogados que representan a la Argentina explicaron que los demandantes —fondos buitre que litigan contra el país— no demostraron que la Nación tenga la «autoridad, derecho o capacidad práctica» para acceder a los dispositivos o cuentas personales, ya sea de funcionarios actuales o anteriores.
Además, citaron legislación argentina que establece que los dispositivos personales son “propiedad exclusiva de sus titulares”, por lo cual no pueden ser considerados evidencia en poder del Estado. En este sentido, insistieron en que el pedido judicial excede los límites del proceso de discovery.
Una causa multimillonaria por la estatización de 2012
El litigio se remonta a la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar el 51% de las acciones de YPF a Repsol. Fondos litigantes, que adquirieron derechos de demanda, consideran que Argentina actuó de forma fraudulenta y exigen una indemnización. La jueza Preska ya falló en contra del país en aspectos clave del caso.
Hasta el momento, el juicio ha expuesto tensiones entre los principios legales argentinos y estadounidenses, especialmente respecto al acceso a información sensible de funcionarios.
