La jueza Loretta Preska, de Nueva York, volvió a fallar contra la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. Ordenó al Gobierno entregar información sobre activos estatales, en medio de un proceso que involucra reclamos multimillonarios.
La Procuración del Tesoro informó este jueves que la jueza Loretta Preska rechazó una nueva moción presentada por la Argentina. El pedido buscaba restringir el proceso de discovery —fase de intercambio de pruebas— únicamente a los bienes estatales que pudieran ser ejecutados en caso de un fallo adverso.
Esta resolución se suma a la de la semana pasada, cuando la misma magistrada desestimó otra solicitud para limitar el acceso a dispositivos electrónicos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios vinculados al caso.
Los argumentos de Argentina y la respuesta judicial
El Estado argentino había sostenido que las medidas requeridas por la jueza resultaban incompatibles tanto con la legislación nacional como con la jurisprudencia estadounidense. La Procuración respaldó sus planteos con antecedentes jurídicos, aunque sin éxito en los tribunales.
Tras la decisión, el organismo calificó el fallo como “equivocado” y adelantó que evalúa nuevas instancias procesales para impugnarlo.
Contexto del litigio por la expropiación de YPF
El conflicto judicial se remonta a la estatización de YPF en 2012. Fondos de inversión iniciaron demandas contra la Argentina en tribunales de Nueva York, reclamando sumas multimillonarias.
El caso está en una etapa clave: mientras los demandantes buscan avanzar en el embargo de activos argentinos en el exterior, el Gobierno insiste en su estrategia de defensa para evitar un fallo que comprometa el patrimonio nacional.
Estrategia oficial y próximos pasos
En un comunicado oficial, la Procuración del Tesoro aseguró que “la República Argentina reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, empleando todos los recursos legales disponibles”.
El Gobierno nacional prevé intensificar su ofensiva jurídica en Estados Unidos, aunque la definición final seguirá en manos de la Justicia de Nueva York.
