El Tribunal Oral Federal N.º 7 retomará este jueves 4 de diciembre la lectura del tercer requerimiento de elevación a juicio de la Causa Cuadernos. Tras el fallido intento de recusación impulsado por la defensa de Julio De Vido, los jueces avanzarán sobre el tramo clave donde la fiscalía detalla cómo habría funcionado un sistema de recaudación ilegal entre 2003 y 2015 dentro del Ministerio de Planificación.
La estructura que investiga la fiscalía
Durante la séptima audiencia, el tribunal abordará las últimas 47 páginas del requerimiento, donde la fiscalía sostiene que existió un mecanismo centralizado con jerarquías definidas cuyo objetivo era obtener dinero de forma ilegal. Ese esquema, según el fiscal Carlos Stornelli, se habría nutrido de dos vías:
- Funcionarios que retiraban dinero directamente de empresas.
- Intermediarios financieros que recolectaban retornos acordados en grandes obras públicas.
La fiscalía considera acreditado que este circuito operó de manera sistemática durante más de una década.
Empresarios implicados y supuestos beneficios obtenidos
Qué dice el análisis probatorio
El documento detalla cómo, según la acusación, compañías como Panedile, Faraday, Secco y JCR habrían efectuado pagos ilegales bajo la “expectativa cierta” de recibir favores en licitaciones, contrataciones, certificaciones o gestiones administrativas.
El dictamen vincula comunicaciones, movimientos financieros y adjudicaciones con la participación de funcionarios, buscando mostrar la interconexión entre empresarios y la estructura estatal.
Cómo enlaza la fiscalía los hechos
Hasta ahora, la lectura se concentró en reconstruir hechos aislados y describir los actores involucrados. En esta etapa, Stornelli buscará demostrar cómo ese cúmulo de información respalda la hipótesis de un circuito de recaudación que, según la denuncia, finalizaba en dos puntos:
- El departamento de la calle Uruguay, vinculado a Cristina Kirchner.
- La Quinta de Olivos, donde Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner, habría recibido fondos.
Si la agenda lo permite, también se abordará el capítulo dedicado a Roberto Baratta, presentado por la fiscalía como la “pieza operativa clave” entre empresarios, intermediarios y exfuncionarios.
El martes 2 de diciembre, la audiencia sufrió un retraso de casi cuatro horas debido al pedido de recusación presentado por De Vido, que finalmente fue rechazado, permitiendo la continuidad del debate oral.
El juicio abarca 540 hechos relacionados con presuntos pagos ilegales a funcionarios nacionales para acceder a contratos de obra pública.
Cristina Fernández de Kirchner es la principal acusada, señalada por la fiscalía como jefa de una supuesta asociación ilícita activa entre 2003 y 2015.
En total, 87 personas están imputadas, entre ellas:
- Julio De Vido, exministro de Planificación.
- José López, exsecretario de Obra Pública.
- Más de 50 empresarios.
La fiscal general Fabiana León definió el proceso como la investigación por corrupción más extensa en la historia judicial argentina, comparable solo con pocos casos internacionales.
